Aunque ya aspira a ocupar un escaño en el Senado por el PAN, Miguel Ángel Mancera deja la Ciudad de México con una de las tasas de homicidios más altas de los últimos años, lo que ha desatado la crítica de la opinión pública, la clase política y organizaciones civiles.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la gestión de Mancera empeoró los resultados en seguridad en relación con su antecesor, Marcelo Ebrard.
A Ebrard se le atribuye mantener a raya eventos como balaceras en centros comerciales, narcobloqueos, quema de vehículos, personas colgadas, cuerpos abandonados en las calles, restos humanos repartidos o narcomensajes en vía pública.
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Casi desde el inicio de su gestión y de manera continua, Mancera encaró casos que evidenciaban modos operativos ligados al crimen organizado, como sucedió en el Bar Heaven, el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa o el operativo federal en Tláhuac para detener a «El Ojos».
Pese a todo, el jefe de gobierno insistió en la versión de que esas acciones tuvieran alguna relación con el narcotráfico.
El problema central de una gestión
Encuestas y sondeos realizados por distintos medios de comunicación reiteran que los capitalinos señalan a la inseguridad como el principal problema de la administración de Mancera, más allá de la corrupción y la desigualdad social. Esto deriva en que la aceptación del mandatario local ha disminuido en los últimos años de manera considerable.
Mancera aumentó en un 46 por ciento las carpetas de investigación abiertas por homicidio en la Ciudad de México, en comparación con los casos registrados durante el gobierno de Marcelo Ebrard.
Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) estima que el problema evidente en las calles y entre los vecinos indica la existencia de una red bien estructurada de criminales, la cual se vincula con las autoridades para poder expandir la venta de drogas en la ciudad.
“Si se piensa que el crimen organizado no ha operado en la Ciudad de México, me parece sumamente ingenuo, a menos que nos expliquen qué entienden por operar, porque en la última década hemos tenido más de una evidencia de comportamiento de la incidencia delictiva que podría estar relacionada con la presencia de criminalidad organizada», señala el analista.
“Si volteamos a ver cómo operan algunas bandas de secuestradores, pues parece ingenuo pensar que eso no es delincuencia organizada; o sea, hay banda con células y con células muy complejas que, aparte, tienen relaciones incluso con las autoridades. ¿Eso no es delincuencia organizada?”.
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En tanto, para Santiago Roel, titular de Semáforo Delictivo, la violencia es «un costo» que pagan los grupos delictivos para disputar la plaza.
“Se ponen de acuerdo, la violencia es un costo, si tú y yo nos peleamos la plaza, pues a la violencia es un costo, lo resolvemos con dinero o lo resolvemos a balazos, pero el narcomenudeo que se da en toda la Ciudad de México y que es muy violento sobre todo en las colonias de menores ingresos, ahí es a balazos», valora Roel.
“Cuando se ponen de acuerdo las bandas con otras es un arreglo donde no interfiere a la autoridad, fue una conveniencia de los grupos delictivos, se ponen de acuerdo en que ‘esta es tu ruta, esta es la mía’, es un sistema complejo y dinámico».
La estrategia federal de capturar a los altos capos, además, fragmenta los acuerdos y reactiva la violencia, no obstante que esas maniobras se presumen como logros en el combate a la delincuencia.
«A veces los arreglos duran poco, porque además torpemente el gobierno mexicano va y captura a los líderes que se habían puesto de acuerdo entonces el grupo se divide y eso es lo que justamente no ha pasado”, dijo.
Ambos analsitas coincidieron en que la estrategia de seguridad en la capital del país debe ser distinta a la que se ha implementado a nivel federal, para hallar un cambio eficaz y lograr que disminuyan las cifras de ejecuciones en las calles, más que equilibrar fuerzas entre delincuentes.