Los funcionarios Héctor Valles Alvelais y Jorge Eduardo Roa Diosdado fueron sancionados por haber realizado convenios en la red de desvío de recursos públicos La Estafa Maestra.
El primero de ellos es un colaborador cercano al ex director del ISSSTE, José Reyes Baeza, quien actualmente está buscando un lugar en el Senado de la República apoyado por el PRI.
Gracias a los convenios que realizaron, se desviaron 129 millones de pesos del FOVISSSTE mediante la Universidad Autónoma del Estado de México y terminaron en empresas con irregularidades y sociedades de las que no se comprobaron su existencia.
El segundo de ellos, Roa Diosdado, recibió dinero directamente del FOVISSSTE cuando era un servidor público en activo y también fue cercano al priísta Reyes Baeza, ya que trabajó a su lado como jefe del departamento de Tecnologías de la Información cuando éste fue gobernador de Chihuahua.
Una de las empresas que recibió más dinero (63 millones de pesos) de parte de estos funcionarios fue Nubaj y Nubaj Consulting (Nubaj), propiedad de Francisco Javier Ramírez Lares, quien es amigo de Reyes Baeza y de Valles Alvelais.
El dinero fue entregado mediante cinco convenios entre el FOVISSSTE y la UAEM, algo por lo que la Auditoría Superior de la Federación interpuso una denuncia en la PGR, a la vez que el SAT catalogó a la empresa como “fantasma”.
A pesar de que el SAT y la PGR las acusaron de fraudulentas, las empresas de Ramírez Lares continuaron recibiendo contratos gracias a los favores del priísta Reyes Baeza, en total fueron beneficiados con mil millones en un periodo de cuatro años, de 2013 a 2017.
Estas sanciones no implican un proceso penal en contra de los funcionarios, sino que simplemente funcionan como amonestaciones que pueden hacerse de forma pública o privada. Según el informe Responsabilidades administrativas en el Sistema Nacional Anticorrupción, que publicó este año la organización civil Impunidad Cero, la Secretaría de la Función Pública emitió 45 mil sanciones en un periodo de cinco años, pero ni siquiera el uno por ciento de dichas sanciones resultaron en la destitución del funcionario sancionado.
Después de que Animal Político publicara la relación de los funcionarios con las empresas fantasma, Héctor Valles negó el haber cometido algún acto ilícito, por lo que incluso interpuso una demanda de juicio de nulidad, para que le sea retirada la sanción.
¿Y qué ha pasado con el otro funcionario, el senador y el empresario? Nada, el gobierno mexicano no ha hecho nada en contra de ellos.
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