Ya han pasado ocho meses de la investigación que denunció que activistas y periodistas fueron espiados ilegalmente por el gobierno federal y aún no han registrado avances en el caso, acusó Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en un comunicado.

“El caso muestra que la PGR no tiene ni la capacidad ni la voluntad política de investigar hasta las últimas consecuencias”, señala la organización sobre el caso conocido como #GobiernoEspía.

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A más de 240 días de que 11 periodistas y activistas denunciaron el espionaje ante la PGR cometido con la ayuda del malware Pegasus, aseguran que la Procuraduría no tiene la capacidad para investigarse a sí misma, “ya que existen evidencias de que fue esa dependencia quien adquirió el malware”.

Además de esto, el presidente Peña Nieto dijo que los señalamientos en contra de la PGR son falsos e incluso “condenó al fracaso la investigación amenazando a los denunciantes”.

Debido a esto, los afectados, sumados a MCCI, han hecho un par de exigencias para tener la certeza de que la investigación será imparcial, profesional y exhaustiva:

Piden “la conformación de un panel de expertas y expertos independientes que pueda dar garantías a quienes fueron espiados y a la sociedad en general”.

Que se realice una verdadera investigación sobre “el uso brindado al sistema de espionaje Pegasus por parte de la Agencia de Investigación Criminal, entrevistando al personal encargado de su operación; realizando intervenciones forenses por parte de peritos independientes a los servidores y equipos desde los que se opera el sistema Pegasus”.

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Estas demandas también van dirigidas a los candidatos presidenciales de todos los partidos para que hagan “un pronunciamiento público sobre la necesidad de crear un panel de expertas y expertos independientes que investigue a fondo el caso; así como reformar el Artículo 102 de la Constitución para construir una Fiscalía que pueda investigar a fondo casos como el arriba mencionado”.

Entre los firmantes del comunicado figuran el Centro Prodh, Artículo 19, el IMCO y la Red de Defensa de los Derechos Humanos.

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