Pese al presupuesto federal que reciben estados como Chiapas para prevenir el embarazo adolescente, el número de madres menores de edad en el país sigue aumentando.
En 2015 la entidad gobernada por Manuel Velasco, del Verde Ecologista, registró un 9.3 por ciento de madres adolescentes sobre el total de mujeres con hijos e hijas, a pesar de que recibió más de 75 millones de pesos de la Secretaría de Salud federal, a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.
Otra entidad favorecida con recursos federales para prevenir esta condición en el mismo periodo fue Sinaloa, con casi 36 millones de pesos para hacer frente a una tasa de 11 por ciento de embarazos adolescentes. En aquel entonces el estado era gobernado por el priísta Mario López Valdez.
Durango, que en 2015 fue gobernado por el también priísta Jorge Herrera Caldera, fue favorecido con un monto mayor a los 31 millones de pesos, que buscaban disminuir el 9.3 por ciento de embarazos adolescentes.
La discordancia entre el presupuesto y el porcentaje de embarazos adolescentes, de acuerdo con un ánalisis de República 32 sobre el estudio Situación del embarazo en adolescentes en México, publicado por el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB), evidencia la falta de claridad con que se manejan los recursos públicos.
Brando Flores, coordinador de investigación del ILSB, estimó que se desconocen los criterios con que los presupuestos se designan para beneficiar a los dos principales programas del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.
México se ubica a la cabeza de los integrantes de la Organización para la Cooperación y el desarrollo Económicos (OCDE) como el país con la mayor tasa de embarazo adolescente, con 73 nacimientos por cada mil habitantes.
El país ha mantenido este mismo puesto durante los últimos cinco años.
Pocos avances
En 2010, Chiapas recibió una cantidad similar de recursos federales a los asignados en 2015, 31 millones de pesos, y el índice de embarazos adolescentes también rondaba el 9.3 por ciento.
En Tamaulipas el presupuesto federal para hacer frente al embarazo adolescente se redujo en más del 50 por ciento del 2010 al 2015: pasó de 40 a 14 millones de pesos; en contraste, el porcentaje de embarazos aumentó del 8.4 al 15 por ciento.
En Guerrero y Quintana Roo, por ejemplo, no se asignaron recursos federales en 2010, año en que su porcentaje de niñas embarazadas superaba el 9 por ciento en ambos casos.
En 2015, Quintana Roo recibió 12 millones de pesos y, pese a eso, registró un aumento del 11 por ciento en embarazos adolescentes. En tanto, aunque Guerrero recibió 71 millones, una de las partidas más grandes, mantuvo su porcentaje de menores embarazadas.
Favorecidos por el recurso federal
Guanajuato ha sido uno de los estados más beneficiados con recursos federales para atender este problema social. Tanto en 2010 como en 2015 el estado se colocó como el más favorecido con recursos federales, al recibir 109 y 144 millones de pesos, respectivamente.
Su porcentaje de embarazos adolescentes se mantiene entre los más reducidos, con un 7 por ciento.
En Tabasco se registró el único caso éxito del panorama nacional.
La entidad tenía uno de los mayores porcentajes de embarazo adolescente en el país durante 2010. Para 2015, se convirtió en el estado con el menor porcentaje de madres jóvenes, con un 3 por ciento de madres menores, esto a pesar de que los recursos federales se redujeron en ese lapso de 44 a 24 millones de pesos.
Brando Flores estima que aunque el caso arroja cifras exitosas, no se puede determinar cómo se llegó a ese resultado.
Origen del Centro de Equidad de Género
El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva fue creado durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006) como una unidad desconcentrada de la Secretaría de Salud.
Flores estima que transparentar los criterios de empleo de recursos federales debería incluir la aclaración de qué tipos de anticonceptivos se compran, qué propagandas se implementan, las capacitaciones brindadas a personal de salud o si se contempla la contratación de traductores de lenguas indígenas cuando las campañas se llevan a comunidades autóctonas.
Para Julia Escalante, consultora legal de la organización impulsora del aborto seguro Ipas México, los esfuerzos para disminuir el embarazo adolescente no operan de manera integral porque no existe un balance entre los métodos anticonceptivos necesarios y la manera en que se articulan campañas de educación sexual.
La mayoría de recursos del Centro Nacional se etiquetan como destinados a capacitación, especifica Escalante, porque quienes trabajan en centros de atención médica muchas veces carecen de las bases necesarias para saber cómo atender y orientar a una adolescente en temas reproductivos.
«Aunque no estoy segura que ese punto sea la razón por la que es difícil que accedan a hacer pública la información sobre cómo fue que eligieron cómo se iban a utilizar los recursos presupuestales», duda Escalante.