La Procuraduría General de la República pidió al titular del juzgado federal del penal Neza-Bordo, Enrique Beltrán Sentés, que se vincule a proceso a Roberto Borge por el desvío de 900 millones de pesos durante su administración.
En la audiencia inicial de la causa penal 381/2017, la PGR señaló que el ex gobernador priísta de Quintana Roo fue apoyado por personas de su confianza: familiares, amigos y ex servidores públicos, con quienes ocultó bienes adquiridos de manera ilegal.
El imputado pidió que sus datos personales sean mantenidos en reserva y no rindió su declaración.
La Federación presentó acusación directa contra Borge, quien adquirió 22 terrenos ubicados en una zona de reserva natural de Quintana Roo, los cuales fueron liberados para su venta bajo aprobación del Instituto de Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del estado (IPAE).
“El señor Roberto Borge estructuró y diseñó a las personas más cercanas a él para cometer el delito que hoy se le imputa. Para precisar, ideó y ejecutó el plan para la adquisición y enajenación para el ocultamiento de los predios con ayuda de otros, con esto lo hace coautor”, dijo el fiscal de la PGR encargado de presentar los cargos.
Debido a las complicaciones renales de Borge Angulo, su defensa solicitó un receso al juez Beltrán Sentés.
Los litigantes Antonio Collado y Javier López García recalcaron que la salud de su cliente se vio afectada por la mala alimentación que mantuvo durante su estancia en una cárcel de Panamá.