En el contexto de premura por el termino del último periodo de sesiones del actual Congreso, esta semana se aprobó por unanimidad el dictamen que deroga el párrafo 8 del Artículo 16 de la Constitución mexicana, que regula la dudosa figura legal conocida como arraigo.
«La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.
Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días».
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— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) 26 de abril de 2018
Pero, ¿qué es el arraigo, para qué sirve?
- El arraigo es una medida preventiva para garantizar la disponibilidad de los acusados durante la investigación preliminar y durante un proceso penal.
- El arraigo le «sirve» al Ministerio Público para que se detenga domiciliariamente a las personas hasta por un periodo de 80 para investigarlas.
¿Quién lo pide y quién lo ejecuta?
La autoridad judicial (Procuraduría General de la República) es quien ejecuta la petición del Ministerio Público.
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¿Quién puede ser arraigado y en dónde?
- Cualquier ciudadano. Un fiscal argumentará que el indiciado puede escapar de la justicia previo al inicio del juicio, por lo que un juez no puede acreditar que se haya cometido un delito.
- El arraigo se aplica en todo el territorio mexicano, y desde 2008 fue elevado a rango constitucional.
¿Cuánto gasta la Federación por un arraigo?
- El costo promedio por persona arraigada –entre quienes están, por ejemplo, exgobernadores, líderes del narcotráfico, o los implicados en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa–, es de 13 mil pesos, en promedio.
- El 2015 fue el año que la PGR erogó más por cada arraigado, pues hubo 84 personas retenidas, por lo que la dependencia federal gastó 4 millones 260 mil pesos, es decir, un promedio de 40 mil 714 pesos por persona arraigada.
Arraigo, una historia hecha en México
- Originalmente la figura del arraigo en México fue incorporada al sistema penal en 1983 tras una reforma al Código Federal de Procedimientos Penales.
- Desde 2008, el arraigo, el cateo y la prisión preventiva automática se han vuelto las “técnicas” de investigación criminal más recurridas en México.
- En febrero de 2007, la ONU recomendó la desaparición del arraigo en México.
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En 2007, en el primer año de gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), se hicieron 844 arraigos.
Con Calderón (2008-2012)
- Con el avance del sexenio el uso del arraigo aumentó.
- En 2008 hubo mil 210; en 2009, mil 772; en 2010, mil 982 personas fueron sometidas a esta medida.
- 2011 fue el año en que más se aplicaron, con 2 mil 385 arraigos.
- Luego vino una baja, registrándose en 2012, mil 641 arraigos.
Con Peña Nieto (2012-2015)
- En 2013, primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la baja de arraigos fue drástica pues sólo se registraron 627, es decir, la disminución fue del 73.72% en relación al 2011, año en que mas medidas se aplicaron durante el gobierno calderonista.
- Para 2014, sólo hubo 289 arraigo, lo que significa un 87.89 por ciento menos de arraigos en relación al 2011 año con más arraigos. En 2015, sólo fueron 84, equivalente al 96.48 por ciento menos y en 2016 se registraron 25 casos, es decir, 98.96 por ciento menos que en 2011.
Puntos en contra
- El arraigo es, en sí mismo, una práctica violatoria de diversos derechos humanos —libertad personal, legalidad, presunción de inocencia y garantías del debido proceso.
- Eleva las posibilidades de que una persona sea sometida a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes.
- En febrero de 2007, la ONU recomiendó que el arraigo en México debe desaparecer.
- En junio de 2009, Suiza, Irlanda y Nueva Zelanda hicieron recomendaciones a México en relación a la eliminación del arraigo, pero fueron rechazadas.
