El lunes arrancaron las campañas locales para elegir 1 mil 596 presidencias municipales en 24 estados, 16 alcaldías de la Ciudad de México, 972 diputados locales en 27 entidades.
Ante este panorama electoral, la inseguridad acecha rodea a los políticos a nivel estatal que aspiran a obtener un puesto. Apenas a mediados del mes de abril, fueron 12 candidatos los que han sido victimas de la violencia de esta actual contienda electoral.
Así lo informó, Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, la cifra incluye a los casos mas recientes el de Maribel Barajas Cortes y José Carlos Andrade Magaña, quienes en el mes de abril pasaron a formar partes de las estadísticas de violencia que se registran en el país.
Ella tenía 25 años, era candidata a diputada del Partido Verde Ecologista de México por el Distrito 22, en Michoacan; él contaba con 47 años y aspiraba a renovar su alcaldía de Jilotlán de Dolores, Jalisco, pero los dos fueron asesinados en Tierra Caliente.
En la zona A se ubica Michoacan, que fue escenario de estos crímenes y forma parte de uno de los corredores más violentos, olvidados y pobres de México, y junto con Guerrero, comprende los estados con más riesgos para los alcaldes en general.
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En Tierra Caliente de Guerrero, se ha concentrado el mayor número de asesinatos a precandidatos en el periodo de precampañas e intercampañas con una cifra registrada de 18 ataques en 7 meses, del 8 de septiembre de 2017 a 8 de abril de 2018, de acuerdo con el estudio Tercer Informe de Violencia Política México 2018, elaborado por la firma Etellekt consultores.
En 2017, Baja California Sur se clasificó como el estado menos pacífico de México por primera vez, pero ahora Guerrero, es el que encabeza la lista con una tasa de 102.2 asesinatos por cada 100 mil hombres, la más alta de varones en el país y tercera a nivel mundial con casi 200, reporta el programa Métrica y Evaluación en Salud, de la Universidad de Washington.
El narco y las elecciones 2018
Guerrero está localizado sobre lo que son rutas principales de narcotráfico, en la costa del Pacífico. En el 80 por ciento de los 173 casos de agresiones, los políticos que perdieron la vida fueron ejecutados presuntamente con la participación del crimen organizado, de acuerdo a la firma Etellekt consultores.
Desde septiembre pasado, cuando inició el proceso electoral de manera oficial, hasta el 8 de marzo, los tipos de ataque preferidos que se registraron fue el uso de comandos armados, utilizados en casi siete de cada 10 incidentes, seguidos de la tortura, presente en 13 por ciento de los casos, pero también se tiene registro de asesinatos en solitario, asaltantes, riñas o ataques con armas blancas.
“El 68% de las víctimas fueron ejecutadas por comandos armados; en ocho de estos casos, las víctimas fueron previamente “levantadas” y halladas días después con señales de violencia extrema”, afirma el informe de Etellekt.
Estas agresiones se registran en 29 de los 32 estados del país, pero el crimen organizado tiene particular interés en cuatro estados en los que busca mantener el control del cultivo de amapola, el robo de combustibles y de mercancías de transportes de carga, así lo establece el estudio.
Entre esas regiones aparece el estado de Guerrero, donde particularmente el crimen organizado busca mantener el control de la siembra y comercio de amapola; en el centro del país ubica Puebla, Veracruz e Hidalgo donde operan los famosos “huachicoleros” –que controlan el mercado negro combustibles- y también el robo a camiones de carga.
Los políticos y aspirantes de los cinco partidos principales en el país, por su número de militantes y simpatizantes, fueron el principal objetivo de los asesinatos ya que PRI, PRD, PAN, Movimiento Ciudadano y Morena engloban 84 por ciento de los casos.
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Para este periodo electoral que probablemente por la cifras hasta ahora registradas, llegue a ser el más violento de la historia, se requiere reforzar todos los aspectos de seguridad personal de candidatos, dijo Rubén Salazar Vázquez, director de Etellekt.
Protocolos de seguridad en México
En el caso de México, el Instituto Nacional Electoral (INE) establece que sólo se brinde seguridad a candidatos registrados. Para los candidatos presidenciales, la seguridad está a cargo del Estado Mayor Presidencial, para los candidatos a Diputados federales y Senadores en caso de que expresen algún riesgo a su persona, la Policía Federal les brinda la seguridad. Pero, en el caso de los candidatos a gobernadores, diputados locales y alcaldes, la seguridad corre a cargo de las policías estatales.
Y es en ese punto donde esta lo mal algido del asunto, ya que en Guerrero es un estado, donde hay un policía por cada 897 habitantes, de acuerdo a las cifras registrada hasta mayo del 2017 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La última evaluación que realizó el Secretariado Ejecutivo del Consejo Ejecutivo Estatal de Seguridad Pública, fechada en mayo de 2017, indica que en Guerrero hay 3 mil 937 policías estatales. De todos los enlistados evaluaron a 3 mil 8 42 evaluados y 611 reprobaron los exámenes de control y confianza.
De acuerdo con la Asociación Nacional de Alcaldes (Anac), 15 de las 32 entidades tienen cuerpos policiales en todos sus municipios; 88 por ciento de las policías municipales del país tiene menos de 100 elementos y mil 170 municipios cuentan con registro de capacitación o evaluación del personal de seguridad pública.
Los estados con mayor porcentaje de agentes municipales no aprobados en el control de confianza son Veracruz con 45 por ciento, Baja California Sur, con 42 por ciento y Sinaloa, con 40 por ciento.
Recomendaciones de expertos
a)El primer y más importante estándar de certificación es la inserción de todas las funciones referidas en servicios civiles de carrera.
b) La dotación de presupuesto federal a estados y municipios debe quedar atada a la certificación de los servicios.
c) El mapa de ruta de certificación de las instituciones policiales debe prever los criterios de disolución institucional ante el incumplimiento.
2. Revisar la iniciativa de creación del auditor especial de las policías federales que está desde el 2012 en el Senado y vincular la figura a la reconstrucción del Sistema Nacional, promoviendo entidades similares a nivel estatal, como parte de los criterios indispensables para la certificación del servicio (no habrá mejora policial sostenida sin esta figura de autoridad con mandato de evaluación externa permanente sobre los procesos de trabajo.
3. Crear el centro de investigación y docencia en seguridad pública, responsable de construir la más avanzada plataforma de capacitación e investigación, con especial énfasis en la investigación empírica.
4. Modernizar y relanzar el programa nacional de prevención del delito, colocado de manera progresiva en rango de prioridad presupuestal (instrumento de empoderamiento local).
5. Impulsar la aprobación, en sus términos, de la propuesta de reforma al artículo 102 constitucional llevada al Senado por los colectivos sociales Fiscalía Que Sirva y Vamos por Más, creando así la base constitucional mínima necesaria para implantar una fiscalía autónoma, profesional y eficaz.
6. Poner en marcha la Comisión Internacional contra la Impunidad de la ONU en México, a imagen y semejanza de la CICIG de Guatemala.
7. Sea cual sea la ruta de reforma que ponga en marcha, incorporar como insumo de alto valor el informe de conclusiones de la consulta nacional sobre procuración de justicia del CIDE, el IIJ-UNAM y el INACIPE.
8. En consulta con los programas universitarios más avanzados en la investigación sobre política de drogas, construir una propuesta alternativa al paradigma prohibicionista, para ser llevado a los foros internacionales correspondientes, buscando colocar a México entre los países ubicados en el liderazgo reformista (no habrá contención de la violencia homicida en México si no hay acuerdos internacionales en este componente).
9. De especial relevancia y de impacto mayor en toda la política de seguridad pública y justicia penal, será impulsar la abrogación de la Ley de Seguridad Interior, construyendo a la vez un plan de retiro progresivo de las fuerzas armadas de las tareas que, como ellas mismas lo han reconocido, no les corresponden.