El PRI recurrió este lunes a la escala internacional y denunció a Ricardo Anaya ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
Claudia Ruiz Massieu, secretaria general del tricolor, acusó al aspirante presidencial del PAN de “inhibir la labor de la Procuraduría General de la República, así como acudir a instancias internacionales para ejercer presión sobre las autoridades mexicanas”.
De viaje en Washington, la priísta se reunió con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y le informó sobre la “presión” política y mediática que está realizando Anaya, candidato presidencial de la coalición Por México al Frente.
La denuncia comenzó después de que Anaya fuera acusado de lavado de dinero, lo que provocó que el panista se mostrara inconforme con la actuación de las autoridades mexicanas, particularmente las de procuración de justicia.
El panista las acusa de no cumplir objetivamente con su trabajo y, por el contrario, ser una herramienta del gobierno federal para lanzar ataques en su contra. Algo que, como se esperaba, fue negado por las autoridades.
“Es muy grave que, en virtud de intereses electorales y para evadir sus responsabilidades ante la ley, Anaya pretenda manipular a la opinión pública, usando y abusando de la OEA, una organización indispensable para nuestra región, de la que México ha sido siempre uno de sus principales defensores y colaboradores”, acusó Massieu al entregar la denuncia ante Almagro.
“Se puede crear un precedente, para que cualquier persona señalada por algún acto ilegal busque ocupar una candidatura como forma de obtener un fuero de facto. Esto significaría un retroceso mayúsculo para la sociedad mexicana en términos de la lucha contra la impunidad”, remató la priista.
En la denuncia presentada por Massieu a nombre del PRI acusan a Anaya de beneficiarse con 54 millones de pesos mediante un esquema de lavado de dinero, cuyo origen está en diferentes países, paraísos fiscales y empresas fantasma.
Sin sarcasmo de por medio, el PRI se dijo preocupado ante el hecho de que funcionarios generen grandes fortunas gracias a sus cargos públicos y después intenten esconder sus responsabilidades.
“De conseguirlo, sería un antecedente sumamente nocivo para nuestro sistema político, y una puerta abierta a que criminales de gran calado, puedan ocupar las candidaturas como un escudo político para sus actividades delictivas”, dijo Massieu
Aunque no hablaba de Javier y César Duarte, ni de Tomás Yarrington ni Roberto Borge, todos priístas encarcelados o prófugos de la justicia debido a presuntas malversaciones de fondos cometidas durante sus respectivos gobiernos en Veracruz, Chihuahua y Tamaulipas.
Ruiz Massieu hablaba de Ricardo Anaya.
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