En cuatro meses Angelina M. dejará la cárcel, ese espacio de 7.7 hectáreas al que llegó de 41 años, en 2012, acusada de fraude específico por su exmarido, el padre de sus dos hijos.
Todavía recuerda lo que pasó el 25 de noviembre de 2012, cuando ella estaba por empezar una de sus conferencias sobre desarrollo humano y cuatro policías hombres la taclearon, la esposaron y la sacaron del auditorio en Guadalajara, Jalisco.
La llamaban por otro nombre, mientras ella repetía que se estaban equivocando. Nunca le presentaron una orden de aprehensión, tampoco le dijeron cuál era el delito del que se le acusaba. La subieron a una patrulla y la pasearon durante horas por la Zona Industrial de Jalisco.
“Pensé que iba a terminar en el lago, en pedacitos”, explica.
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A las seis de la mañana del día siguiente la trasladaron a la Ciudad de México, llegó directo al juzgado 67 de Santa Martha Acatitla, el que está frente al Centro Femenil de Reinserción Social con el mismo nombre y que, hasta entonces, Angelina desconocía que ahí pasaría los siguientes cinco años.
Angelina estaba por convertirse en una de las 10 mil 611 mujeres que habitan dentro de las cárceles de México, pero también en una de tantas que tuvo violaciones en su debido proceso y que llegó a la cárcel sin siquiera conocer de qué se le acusaba.
Según Saskia Niño de Rivera, fundadora de la organización Reinserta, uno de los principales problemas del sistema penitenciario mexicano es que no se trabaja con perspectiva de género y que por eso abundan los casos de mujeres que cumplen largas condenas por imputaciones que no tienen relación con la realidad, por jueces que no consideran el contexto de los hechos para dictar una sentencia.
La casa de la discordia
Cuando llegó al juzgado de Santa Martha, Angelina todavía no sabía de qué la acusaban, pero al entrar al inmueble vio a su exmarido, un político “poderoso”, y sintió alivio. Llevaba divorciada de él 13 años, pero en 2005 iniciaron una disputa por la pensión de los niños, llegaron a un acuerdo y vendieron los inmuebles que tenían a su nombre porque estaban casados por bienes mancomunados. Creyó que el asunto estaba cerrado.
“Cuando lo vi ahí, por un momento pensé que venía a ayudarme, después supe que era él quien me estaba acusando y sólo 36 horas después de mi arresto me dijeron por qué estaba ahí: fraude específico. Yo no entendía nada”, dice en entrevista para República 32.
Y es que Angelina no se acordaba de la casa que le había regalado su padre, la que vendió por un millón 200 mil pesos y cuyos recursos repartió con su exmarido: 600 mil pesos para cada uno; se habían casado por bienes mancomunados.
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Su error, dice, fue confiar en un acuerdo de palabra y no ratificar la firma ante el juez de lo civil. Ese “error” fue aprovechado por su expareja para acusarla de fraude específico, un delito que se comete cuando una persona que sabe que no puede disponer de una cosa porque no le pertenece obtiene ganancias a partir de su venta, renta, hipoteca, etc. Ella no tenía cómo comprobar que se dividió el dinero.
“En realidad yo terminé en la cárcel porque fui víctima de violencia intrafamiliar”, explica. Había denunciado a su exmarido por maltrato y por no dar pensión a sus hijos años antes, y aunque esos juicios siguen abiertos, el juez que llevó su caso no consideró estos hechos para analizarlo.
“Mi exmarido era poderoso, era político, por eso esperó hasta 2012 para estar respaldado. Yo creo que usó influencias para que mi caso terminara así”, lamenta.
La organización EQUIS Justicia para las mujeres explica en su Guía para políticas públicas incluyentes que “el contexto de pobreza y exclusión que atraviesan las mujeres detona, tanto el ambiente propicio para una serie de violaciones al debido proceso como obstáculos para el acceso a la justicia, colocándolas ante situaciones de mayor riesgo”.
La organización también enfatiza que en México se siguen encarcelando a mujeres responsables de delitos no violentos. También a mujeres con características específicas: mujeres pobres, con bajos niveles de estudios y procedentes de sitios marginados.
Angelina no es el caso más grave. Según la organización, los delitos por los que más se juzga a las feminas son los relacionados con el tráfico y consumo de sustancias, casos que ponen en evidencia que la mayoría de ellas terminan en prisión por conducto de la pareja hombre, para darles de comer a sus hijos y, en el menor de los casos por “rebeldes” o “ambiciosas”.
Para Saskia Niño de Rivera, de Reinserta, ponerle un agregado de género a la justicia mexicana es fundamental que permita analizar los casos de las mujeres que cometieron un delito y evaluar si son o no un riesgo real para la sociedad o sus casos responden al machismo y a la violencia de género que permea en el país.
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Con ella coincide el análisis de EQUIS, que agrega que con la grave situación de violaciones a derechos humanos que se vive en México es común que se cometan actos de tortura en contra de las mujeres detenidas, quienes regularmente son arrestadas arbitrariamente y con graves dilaciones de tiempo entre el arresto y la puesta a disposición de la autoridad.
“Estos elementos favorecen que se lleven a cabo agresiones físicas, psicológicas y sexuales”, enfatiza.
Angelina lo sabe. El tiempo que pasó en la patrulla sin ser presentada ante las autoridades los policías la insultaron, la amedrentaron con hacerle daño a sus hijos y la misma autoridad permitió que cuando fuera trasladada a la Ciudad de México para ingresar al penal, su ex esposo todavía se acercara a decirle: “estás aquí porque te portaste mal”.
La sentencia la recibió tres años nueve meses después de ser internada en el penal.
A cuatro meses de salir del lugar, Angelina se dice muerta socialmente, también piensa que recuperar su pasado es imposible, pero no se rinde. “Santa Martha no es lo peor que me ha pasado en la vida, lo peor fue él. Al menos aquí lo tuve lejos”.