Un sujeto identificado como Érick «N» y detenido por agentes de la Policía Federal fue señalado por la Procuraduría General de la República (PGR) como participante «decisivo» en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el pasado 26 de septiembre de 2014.
En mensaje a medios, la PGR informó que el detenido tiene una orden de aprehensión en su contra por los delitos de secuestro y delincuencia organizada, por lo que será puesto a disposición de un juez e ingresado a un Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso), aunque no especificó cuál.
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Presuntamente, por la captura del detenido se ofrecía una recompensa de 1.5 millones de pesos, agregó la PGR, por su vinculación con el caso Ayotzinapa; además de que fue señalado por la dependencia federal como «un generador de violencia en la zona de Río Balsas», un caudal que atraviesa el estado de Guerrero, donde se perpetró la desaparición de los estudiantes.
La audiencia en Bogotá, Colombia
Cabe recordar que a inicios de este mes se llevó a cabo la audiencia de supervisión al mecanismo de seguimiento sobre el caso Ayotzinapa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con la participación de familiares y defensores de los jóvenes, además de representantes del gobierno mexicano.
Entonces la Procuraduría aseveró que prepara la detención de 30 sujetos involucrados en la desaparición de los jóvenes y que podría llegar a conclusiones este mismo 2018, de acuerdo con reportes de prensa.
Además, Alfredo Higuera, fiscal del caso, presumió en la misma audiencia ante la CIDH que el gobierno mexicano está cerca de saber la causa de la desaparición de los normalistas.
El funcionario descartó que el móvil haya sido la disputa por un cargamento de droga que estaría localizado en uno de los autobuses que los jóvenes tomaron para protestar en la Ciudad de México en la conmemoración de la matanza de Tlatelolco, perpetrada por los priístas Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría.
También ante la CIDH, los familiares de los jóvenes desaparecidos acusaron que el gobierno federal busca dar «carpetazo» a la investigación y ajustarla a los intereses políticos derivados de las elecciones presidenciales de ese 2018.
Lamentaron que en los últimos meses ha habido pocos avances y nulas detenciones o procesamientos por desaparición forzada, de acuerdo con el Centro Prodh, organización que los ha defendido y asesorado en los últimos años y que estuvo presente en la audiencia.
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