La Ciudad de México es la entidad del país donde más personas desaparecen de manera forzada. Sin embargo, la Procuraduría capitalina reporta en blanco los registros de ese delito durante los últimos 11 años.
En 2016 desaparecieron de manera forzada 111 personas en el país; 23 de ellas en la Ciudad de México. Esto convierte a la capital en la entidad con la mayor cantidad de hechos presuntamente violatorios de derechos humanos por el delito de desaparición forzada, de acuerdo con el Censo Nacional de Derechos Humanos.
En 2017, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal admitió el registro de dos hombres desaparecidos de manera forzada en la ciudad, de acuerdo con información obtenida vía transparencia por República 32.
En uno de los casos, el presunto responsable es un policía auxiliar perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública; en el otro caso, la autoridad responsable de la agresión es la dirección del Reclusorio Oriente.
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Sin registros oficiales en la Procuraduría
En contraste con esta situación, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México asegura que no tiene registro de averiguaciones o carpetas de investigación por el delito de desaparición forzada en el periodo que va de enero de 2006 a diciembre de 2017.
“Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos electrónicos, libros de gobierno y Unidades de Investigación con que cuenta esta Fiscalía a mi cargo, no se tiene registro de haber integrado Carpeta de Investigación o Averiguación previa alguna por el o los delitos de Desaparición Forzada y Secuestro”, fue la respuesta de la dependencia local a seis solicitudes de información realizadas por este medio.
¿Qué es la desaparición forzada?
El delito de desaparición forzada hace referencia a la detención, arresto, secuestro o cualquier forma de privación de la libertad que sea cometida por agentes del Estado o servidores públicos.
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La definición se ajustaría al caso del joven estudiante de la UNAM Marco Antonio Sánchez Flores, quien fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública el pasado 23 de enero, sin que sus familiares conocieran su paradero durante los días siguientes. El domingo 28 de enero, el preparatoriano fue localizado por las autoridades en el Estado de México y se reunió con su familia.
El año pasado fue aprobada por la Cámara de Diputados la ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas, que establece que todo funcionario público que resulte responsable de la privación de la libertad de una persona podrá recibir una condena de hasta 90 años de prisión.