Cuando Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia comenzó a repartir miles de millones de pesos a ocho estados: Nuevo León, Veracruz, Durango, Estado de México, Chihuahua, Chiapas, Jalisco y Sonora. Era el año 2012.
Estos recursos asignados a las entidades desde el gobierno federal corresponden al Ramo 23, una herramienta presupuestaria para entregar montos económicos que no están contemplados en el paquete de ingresos de las entidades.
De todos ellos, el que más dinero ha recibido es el Estado de México.
Antes de las elecciones federales, en 2011, esa entidad y bastión priísta recibió 567 millones de pesos.
Un año después de que Peña llegara a la presidencia, el estado fue beneficiado con 8 mil 306 millones de pesos.
Esas entidades recibieron menos dinero cuando el panista Felipe Calderón llevaba la administración federal.
El cambio de partido en el poder también modificó el monto de recursos públicos que recibió cada estado.
Solamente el 2017, cuando era gobernador el priísta Eruviel Ávila, el Estado de México recibió 8 mil 601 millones de pesos.
Nuevo León, que presidía entonces el independiente Jaime Rodríguez, fue respaldado desde las arcas federales con 6 mil millones de pesos.
Veracruz, gobernado por el panista Miguel Ángel Yunes Linares, recibió mil 785 millones de pesos.
Durango, presidido por el panista José Rosas Aispuro, recibió mil 456 millones de pesos.
Chihuahua recibió 70 millones durante la administración del panista Javier Corral.
A Chiapas, que gobierna Manuel Velasco, fueron destinados 3 mil 328 millones de pesos.
El Jalisco que preside el priísta Aristóteles Sandoval recibió mil 802 millones de pesos.
Y Sonora, que gobierna la también priísta Claudia Pavlovich, recibió mil 284 millones de pesos.
La asignación de recursos: discrecional
Estos montos fueron revelados en el último informe de México Evalúa, “Arquitectura del Ramo 23”, escrito por Mariana Campos.
En él también se hace un balance de qué tan transparente o bien reglamentada es la asignación del dinero público a los estados.
De acuerdo con la publicación, el gobierno federal puede hacer un uso a modo de esos recursos.
“(El gobierno federal puede) mover recursos presupuestados para un fin hacia otro fin sin justificarlo”, dice el informe.
O bien, “recibir una cantidad creciente de ingresos excedentes que no fueron previstos en la aprobación del presupuesto sin rendir cuentas adecuadamente”.
Además, también es posible que procure “aumentar la cantidad de recursos que se gastan fuera del presupuesto, a través de figuras discrecionales como programas de subsidios que no cuentan con reglas de operación y fideicomisos no paraestatales”.
De acuerdo con México Evalúa, el Ramo 23, conocido como Provisiones Salariales y Económicas, no cuenta con una regulación apropiada.
Por lo que mediante alguno de sus fondos “se transfieren recursos a gobiernos locales, los cuales presentan un riesgo elevado de ser usados para premiar o castigar a dichos gobiernos; es decir, para el control político”.
Campos así lo explicó anteriormente en entrevista con República 32.
¿Quién vigila el gasto del gobierno federal?
Según el artículo 73 de la Constitución, “el Congreso es el único facultado para aprobar el presupuesto”.
Pese a ello, el artículo 57 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria contradice el artículo al señalar que el poder Ejecutivo puede hacer “modificaciones directamente, sin regular las circunstancias específicas para ello”.
Con esto, en México Evalúa acusan que el Congreso “no funge como un verdadero contrapeso político en la revisión y análisis del presupuesto”.
Y para ejemplificar esto dieron a conocer el monto total del dinero que se ha gastado “de más” durante la administración de Peña Nieto.
“En el periodo 2013-2017, es decir, en los años que lleva la administración actual, el gasto ejercido y acumulado del Gobierno federal superó el presupuesto que se le aprobó para esos cinco años en 1.46 billones de pesos”.
Así, tenemos que cada uno de estos años el gobierno federal gastó 293 mil millones de pesos más de lo aprobado.
Es decir, 802 millones de pesos al día, 33 millones de pesos cada hora.