El 40 por ciento de las cuencas de agua del país podrán ser explotadas por empresarios para fines lucrativos. El pasado 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, Enrique Peña Nieto anunció la firma de 10 decretos que modificaron el estatus de veda de 300 cuencas hidrológicas de las 756 que existen en México.
Estas cuencas son relevantes porque de ellas escurre el 55 por ciento de las aguas superficiales del país y con la aprobación de estos decretos, EPN eliminó la prohibición que había para la entrega de permisos de extracción de agua.
De acuerdo con Sin Embargo, EPN eliminó la prohibición con el pretexto de que servirían para establecer reservas de agua para áreas naturales protegidas y la naturaleza para los próximos 50 años.
Lo peligroso de estos decretos es que el agua queda desprotegida y puede comenzar a utilizarse con fines lucrativos, ya sea privatizando directamente el manejo de agua en organismos operadores empresariales municipales, o entregando concesiones de agua para las distintas empresas extractivas del país, como son minería, hidrocarburos, turística, o inmobiliaria, según la coalición Agua para Todos.
Estos decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el pasado 6 de junio, la coalición Agua para Todos encontró que “estos decretos van a permitir a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) garantizar los volúmenes de agua que están exigiendo las empresas mineras, petroleras y privatizadoras de sistemas urbanos de agua, a costa de los derechos de los pueblos indígenas, núcleos agrarios, comunidades rurales y los sectores populares urbanos”.
Por sus consecuencias, asegura la organización, estos decretos son el equivalente a una “reforma estructural” en materia de agua, pero sin pasar por el poder Legislativo, sólo utilizando facultades del poder Ejecutivo.
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