El 26 de mayo de 2017 la empresa Varela Maldonado y Asociados AC firmó un contrato con el Partido Acción Nacional por mil 44 millones de pesos para llevar a cabo encuestas de salida y un conteo rápido de votos.
Sin embargo, de los mil 44 millones, el PAN sólo reportó que gastó 900 mil pesos según el documento publicado en el apartado de transparencia de su misma página. ¿Y los mil 43 millones 100 mil pesos restantes? Sólo el PAN sabe.
“El costo total del proyecto de la encuesta de salida y conteo rápido por sección es de 7,500 pesos (siete mil quinientos pesos) mas IVA. Por lo que el costo total de la encuesta de salida y conteo rápido es de 900,000 pesos mas IVA”, dice el documento panista.
Dicho servicio comprendía el diseño del cuestionario y el de la muestra, además de capacitación del personal, levantamiento de campo, supervisores de encuestadores y procesamiento de la información. Todo lo anterior se realizó en 120 zonas de Veracruz para conocer la preferencia electoral luego de las elecciones municipales.
Socios de la empresa: de la agricultura a la política
Según la página de internet de la empresa es dirigida por Carlo Ángel Valera Maldonado y cuenta con ocho socios: Rafael Vergara Tenorio, Gerardo Vega Vázquez, Rosario Vázquez García, Víctor Gerardo Félix Delgado, María Eugenia Varela Maldonado, Guillermo Gerardo Dueñas González, Efrén Hernández Armenta y Roberto Ángeles Rodríguez.
Tres de ellos, Rafael, Gerardo y Rosario antes de entrar a la escena política fundaron y trabajaron en empresas dedicadas a la producción agrícola, de cítricos, el transporte, venta de gasolina y hasta joyería, de ahí, brincaron a una empresa de consultoría política y de opinión pública, un paso poco lógico.
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Rafael Vergara Tenorio, quien trabaja para Varela Maldonado como analista político, con doctorado en Ciencia Política por la University of California at San Diego, fundó una empresa de producción agrícola y transporte.
Gerardo Vega Vázquez, quien es el coordinador del diseño gráfico de Varela, es licenciado en Filosofía por la International Federation of Scholarly Associations of Management, aunque antes de esto fue socio de una empresa de cítricos, de una gasolinera, de otra de transportes, joyería y de productos agrícolas, según la información disponible en el Registro Público del Comercio.
Rosario Vázquez García, quien es la responsable de la supervisión del trabajo de campo, fue socia y fundadora de una empresa dedicada a la producción de servicios y bienes agropecuarios y forestales.
Varela, un aliado de Calderón para atacar a Obrador
Antes de recibir más de mil millones de pesos de manos del PAN, Varela Maldonado y Asociados ya se había involucrado con otros actores panistas, como el ex presidente Felipe Calderón, trabajando para él al realizar encuestas y ayudándolo con el manejo de su imagen.
Según el periodista Jaime Avilés, en una nota publicada en La Jornada en 2006, Carlo Varela presionó a Alejandra Sota Mirafuentes, entonces responsable de «marketing político» del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, para que los panistas atacaran a Andrés Manuel López Obrador (principal oponente de Calderón) y tumbar su candidatura.
En uno de los correos Varela le pedía a Cota que había que “recordarle a la gente, al resto del país, que ellos dejaron al DF en crisis, en endeudamiento (sic), con imágenes de taxis piratas, de organizaciones como la Francisco Villa, con vendedores ambulantes en cada esquina, con robos y secuestros, con policías corruptos”.
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La urgencia por atacar a Obrador comenzó después de que en 2006 se diera a conocer que una empresa del hermano de Margarita Zavala (esposa de Calderón y actual candidata a la presidencia), Hildebrando SA de CV, fue presuntamente beneficiada con diferentes contratos con Pemex cuando Calderón era titular de la Secretaría de Energía.
Además, Margarita era socia de dicha empresa propiedad de su hermano Diego Hildebrando Zavala.
Sin embargo, esta no es la única relación de Carlo Varela con el poder, ya que desde 2007, con Calderón en la presidencia, recibió 10 millones 807 mil pesos gracias a contratos directamente con la presidencia de la República y la Secretaría de Desarrollo Social, según los documentos públicos disponibles en Compranet y Contratobook, plataformas digitales dedicadas a la difusión de contratos gubernamentales.