La ola de desapariciones forzadas en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas y sus alrededores, tiene que parar, pidió el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Zeid Ra’ad Al Hussein, a las autoridades mexicanas.

Por medio de un comunicado, la oficina de la ONU-DH informó que ha documentado la desaparición de 21 hombres y dos mujeres, entre febrero y el 16 de mayo de 2018, aunque reportó que una organización local de derechos humanos ha contabilizado, al menos, 40 desapariciones en el mismo periodo.

Según los indicios que tiene la oficina de las Naciones Unidas, estos crímenes habrían sido cometidos por fuerzas federales de seguridad mexicanas.

Las desapariciones tienen características similares: ocurrieron en la madrugada o al amanecer, las víctimas fueron detenidas por personal uniformado mientras caminaban o manejaban por carreteras y hay testigos que reportaron haber encontrado vehículos al lado del camino, quemados o baleados.


Al Hussein dijo que dentro de las víctimas de estas desapariciones forzadas hay por lo menos cinco menores de edad, tres de ellos tienen solo 14 años. «Estos crímenes, perpetrados durante cuatro meses en un solo municipio, son indignantes», agregó.

El Alto Comisionado también acusó a las autoridades mexicanas de no avanzar en la localización de los desaparecidos, lo que ha obligado a las familias a iniciar sus propias búsquedas y ponerse en riesgo; así se han encontrado los cuerpos de seis víctimas.

Previamente, el 10 de mayo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió medidas cautelares contra instancias federales como la Secretaría de Marina, instándolas a proteger a la población civil de Tamaulipas. Pero, advierte la organización internacional, al menos otras tres desapariciones han ocurrido desde entonces.

Foto: Movimiento por nuestros desaparecidos

Esta no es la primera vez que en este 2018 el Alto Comisionado se exige a México el esclarecimiento de casos de violaciones a derechos humanos a manos del Estado.

La ONU-DH publicó el 15 de marzo el reporte Doble injusticia: Informe sobre Violaciones de Derechos Humanos en la Investigación del Caso Ayotzinapa en donde aseguró que 34 de los procesados por el caso fueron torturados, detenidos arbitrariamente y víctimas de otras violaciones de derechos humanos a manos de funcionarios de la Fiscalía, la Policía Federal y elementos de la Secretaría de Marina.

Al respecto, el gobierno mexicano acusó a la ONU de falta de rigor metodológico y sustento jurídico en la investigación.

 

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