Dos hombres esperan en una parada de camión. Un joven baja del microbús en la noche, viene de la escuela. Es 26 de octubre de 2011. Pasan de las 11 de la noche, viajaba en el último autobús.

El chico camina rumbo a su casa en Topilejo, delegación Tlalpan; los hombres lo siguen.

Suenan 16 disparos. 16 balas, de un calibre para uso exclusivo del Ejército, se incrustan en el cuerpo del muchacho. Al mismo tiempo, la luz de una patrulla se refleja en el ventanal del Oxxo que está a un paso.

Dos hombres corren; la gente se moviliza, se acerca. La luz de la patrulla desaparece. El joven, Carlos Sinuhé Cuevas Mejía, ha sido abatido, el eufemismo oficial para referirse a los asesinatos perpetrados por el Estado.

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Carlos no sólo era tesista, licenciado en filosofía por la UNAM, también era un activista estudiantil.

Antes de su muerte acumulaba participaciones en movimientos sociales: estuvo en la huelga estudiantil del 99, pidió justicia por los estudiantes ecuatorianos asesinados, se solidarizó con el Sindicato Mexicano de Electricistas, su última participación estaba relacionada con el rechazo a la militarización del país.

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Carlos Sinuhé como participante de una de las marchas. Foto: Cortesía

A Carlos lo amenazaron de muerte entre 2009 y 2011, por medio de volantes que aparecían pegados en la UNAM. Carlos registró en una bitácora cómo dos hombres lo seguían dentro de la Universidad.

Año y medio antes de su asesinato fue detenido arbitrariamente en el marco una actividad cultural en la Universidad. Ninguno de estos elementos fue considerado en la investigación.

Por el contrario, Miguel Ángel Mancera Espinosa, quien era entonces Procurador de Justicia capitalino, dijo que era un “crimen pasional” porque un par de los 16 disparos que recibió Carlos Sinuhé le rozaron la pelvis.

Han pasado seis años y su caso sigue impune.

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Su madre, Lourdes Mejía Aguilar, ha insistido todos estos años que el caso de su hijo fue una ejecución extrajudicial relacionada con el activismo de Carlos.

En cada oportunidad denuncia que desaparecieron pruebas, que hay el registro de que hubo un miembro de la Primera Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional en el lugar y en el momento del asesinato y que presentó un parte informativo que no fue analizado, así como un alto mando policial de la CDMX, cuyos informes se perdieron en las oficinas de la SSPCDMX.

Además, que las cámaras que pudieron grabar el momento del asesinato “no servían”.

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Lourdes Mejía sostiene la manta que pide justicia por el asesinato de su hijo. Foto: Alejandra Crail

Carlos Sinuhé es uno de los casos que reflejan la posibilidad de que el Estado continúe matando arbitrariamente a personas con las mismas prácticas que proliferaron en la década de los 70, durante la llamada Guerra Sucia.

El problema de las ejecuciones extrajudiciales, según el Observatorio Nacional Ciudadano, es que “la falta de datos estadísticos no permite dar cuenta de la magnitud del problema”.

Los pocos datos que hay sobre el tema son las recomendaciones que ha emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mientras que la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX ha evitado postularse sobre el tema.

En los últimos seis años, pese a la insistencia de abogados y la madre de Carlos, la Comisión local no ha querido emitir una recomendación.

El último informe sobre ejecuciones extrajudiciales en la Ciudad de México fue publicado en 2016, con la recomendación 8/2016 en la que se denuncia la omisión de la PGJCDMX para descartar una posible ejecución extra legal, vulnerando con ello los derechos al debido proceso y de acceso a la justicia.

La recomendación logró que la dependencia reabriera el caso y se investigara por qué los tres casquillos de bala encontrados tenían la leyenda “Águila SSPDF”.

Hasta ese año, 2016, la Comisión local tenía 17 expedientes abiertos por presuntas ejecuciones extrajudiciales, entre ellas la de Carlos Sinuhé.

A nivel nacional entre 2012 y octubre de 2017, la CNDH ha emitido nueve recomendaciones a distintas instituciones, entre ellas la Policía Federal y la Sedena, relacionadas con la tortura, desaparición forzada y ejecuciones arbitrarias.

Pero en México no existe ninguna tipificación en el Código Penal que castigue como tal una ejecución extrajudicial, tan sólo se establece como agravante del delito de homicidio el hecho de que alguien lo cometa en el ejercicio indebido del servicio público.

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De acuerdo con la ONU una ejecución extrajudicial o arbitraria ocurre cuando agentes del Estado comenten la privación ilegítima de la vida de alguien.

Según el informe La esperanza no se agota, de la Red TDT, las ejecuciones extrajudiciales han ido en aumento desde el 1 de diciembre de 2012 cuando Enrique Peña Nieto tomó posesión de la presidencia.

Hasta el 31 de julio de 2017 se habían acumulado 106 ejecuciones de personas relacionadas con la defensa de derechos humanos.

En el documento señalaban que los gobiernos estatales son los que más violan los derechos humanos de personas y colectivos defensores; después el Gobierno Federal y por último los gobiernos municipales.

Mientras que el Comité Cerezo México en su último informe de enero de este año, explica que la ejecución extrajudicial es una respuesta del Estado, “una violación grave a los derechos humanos usada como parte de las estrategias de control social mediante el terror y de la represión política en México”.

Según ellos, sólo en 2017 se cometieron 481 ejecuciones extrajudiciales por motivos políticos. El asesinato se convirtió en una forma de castigo para los activistas y su perpetrador fue un agente del Estado.

Estas ejecuciones que, la organización denuncia, han venido en aumento se cometieron en 16 de los 32 estados, principalmente en Guerrero, Michoacán y Oaxaca, pero en la lista también está la Ciudad de México.

Cada una de ellas, como en el caso de Carlos Sinuhé, siguen impunes.

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