En México la crisis de derechos humanos se agravó durante 2017 por el aumento en el número de homicidios, «en particular, una cifra sin precedentes de asesinatos de periodistas», de acuerdo con Amnistía Internacional (AI).

Ese año fueron asesinados 12 periodistas de manera violenta, la cifra más alta de comunicadores acribillados desde el 2000.

Muchos de los homicidios ocurrieron en espacios públicos y a la luz del día.

«Y las autoridades no hicieron progresos significativos en las investigaciones de esos casos, tampoco en el enjuiciamiento de los responsables”, señala Amnistía en el informe La situación de los derechos humanos en el mundo 2017/2018.

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Periodistas y activistas son objeto de amenazas, ataques y vigilancia digital, detectó la organización, además de recordar el caso del programa Pegasus, un software comprado por el gobierno mexicano para intervenir los teléfonos de defensores de derechos humanos y comunicadores.

Este espionaje orquestado desde la administración pública violenta los derechos humanos de los afectados, así como su derecho a la protección de sus datos personales, entre otros.

Inacción gubernamental

Amnistía Internacional denuncia que las autoridades políticas y judiciales se desligan de su responsabilidad y evitan responsabilizarse de los asesinatos no sólo en el caso de los periodistas, pues esa omisión se extiende al resto de la población.

“Nuestro informe exhibe la incapacidad del gobierno de Enrique Peña Nieto para garantizar la seguridad de la población y revertir la grave crisis de derechos humanos. Graves violaciones a los derechos humanos continúan ocurriendo de forma rutinaria”, sentenció Tania Reneaum, directora ejecutiva de AI México.

 

 

Desaparición forzada: problema frecuente

En cuanto a las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, Amnistía critica que ambos delitos se hayan convertido en prácticas habituales, además de señalar que los responsables de esos hechos de violencia gozan de una «impunidad absoluta», pues los casos no se investigan.

“Las detenciones y reclusiones arbitrarias seguían siendo generalizadas y muchas veces derivaban en otras violaciones de derechos humanos, tales como torturas y otros malos tratos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales”, apunta el informe.

Las desapariciones forzadas en ocasiones implican a integrantes del Estado mexicano.

“La promesa de un México en paz se desmorona hacia el fin del sexenio del presidente Peña Nieto, con cifras inéditas de violencia. Al mismo tiempo, la voz de activistas alrededor del país se ha levantado con más fuerza para demandar justicia, verdad y reparación”, expresó Tania Reneaum.

Migrantes abandonados

En otro de los focos rojos de la violencia predominante en México, destacan los migrantes que atraviesan el país.

De acuerdo con Amnistía, el compromiso del Estado en ofrecer atención a los migrantes es nulo.

“(En 2017, México) recibió una cifra sin precedentes de solicitudes de asilo de El Salvador, Honduras, Guatemala y Venezuela, pero eludió reiteradamente brindar protección a quienes la necesitaban y, en lugar de ello, devolvió a esas personas a situaciones sumamente peligrosas donde incluso sus vidas estaban en riesgo”.

 

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Aunque en 2017 cumplió dos años la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, adscrita a la PGR, su falta de coordinación con otras autoridades provocó que se limitaran varias investigaciones penales sobre masacres de migrantes, las cuales permanecen en la impunidad.

“Es crucial que los derechos humanos sean un eje fundamental de cualquier proyecto de gobierno, y exhortamos a que estos sienten las bases de una discusión seria entre candidatas y candidatos que se centre en la realidad compleja que vive el país y la necesidad de soluciones a la crisis de derechos humanos”, finalizó Tania Reneaum.

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