Emilia huyó de El Salvador después de que el grupo delictivo La Mara matara a dos de sus hijos y uno de sus hermanos.
Sobreviviente de la violencia que impera en su país, ella llegó a México en 2016 acompañada de los siete hijos e hijas que aún le sobreviven.
Tenían poco tiempo en el país cuando una de sus hijas dio a luz en un hospital de Chiapas. Nació su primera nieta.
Unas semanas después la familia de Emilia rentó unos cuartos en un hotel de la Ciudad de México. Ella tuvo que regresar a Chiapas para realizar el registro de su nieta, acompañada de uno de sus hijos.
Poco antes de llegar al hospital regional de Tapachula fue interceptada por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y luego deportada a El Salvador.
En el país centroamericano, Emilia recibió el apoyo de amigos y volvió a migrar a México con su hijo.
En esta segunda ocasión en el país realizó su solicitud de asilo, misma que se le concedió en abril de 2017: Desde entonces habita el norte de México con toda su familia.
El caso de Emilia parece ser uno entre miles. El éxito sobre la solicitud de asilo no se replica en sólo el 24 por ciento de los casos; es decir, la institución encargada de autorizar el asilo rechaza el 76 por ciento de las solicitudes.
Acuerdos internacionales ignorados
La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) surgió en la década de 1980 con el fin de apoyar a los migrantes que lo requirieran en su asilo y y de acompañar su inserción en la sociedad mexicana.
Sin embargo, según datos recuperados desde el mismo órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, esta tendencia de rechazo vulnera un acuerdo que México hizo con la ONU en el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados.
“La Comar hace valoraciones subjetivas y excesivamente discrecionales… No es raro encontrar resoluciones donde reconoce, en primer lugar, que las personas sufrieron o están en riesgo de sufrir daños a su integridad o violaciones a sus derechos.
«Pero, en segundo lugar, concluye que éstos no son suficientemente gravosos”, se lee en el reporte La interpretación y aplicación del derecho internacional y nacional de los refugiados en México, realizado por la Universidad Iberoamericana.
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Datos de la misma Comar indican que de 2013 a 2017 se registró un aumento de solicitudes sustancial, al pasar de 1 mil 296 emitidas al inicio de ese periodo, a 14 mil 596 el año pasado.
En contraste, por ejemplo, en 2016 fueron aceptadas únicamente 3 mil 223 solicitudes, de las 8 mil emitidas. Para el año siguiente, sólo se aceptaron mil 907 de las 14 mil 596 solicitudes tramitadas.
“El aumento en solicitudes de asilo se debe a la forma en la que se está recrudeciendo la violencia en el Triángulo Norte (de Centroamérica) que comprende El Salvador, Honduras y Guatemala –los tres principales países de origen de los migrantes que solicitan asilo—.
«Y, a su vez, a la presencia más fortalecida de la agencia de refugiados de la ONU que informa de las posibilidades de asilo en México”, comenta en entrevista con República 32 Madeleine Penman, investigadora en México para Amnistía Internacional.
A finales de enero de este año Amnistía Internacional (AI) presentó su informe Ignoradas y sin protección, donde se presenta el caso de Emilia y, además de señalar las responsabilidades de la Comar, también hace referencia a las violaciones a derechos humanos que perpetra Migración.
De 500 personas entrevistadas para el estudio de AI, el 40 por ciento aseguró que había sido detenido por el INM al momento de solicitar su asilo.
Mientras que el 75 por ciento de los encuestados afirmó que ningún agente del Instituto les informó sobre su derecho a solicitar asilo.
México debe garantizar sin restricciones el acceso a los procedimientos de asilo a la personas que huyan de la violencia > https://t.co/x3mrKLxto4#TeDoyLaBienvenida pic.twitter.com/KrzXTkHwjs
— Amnistía Int. México (@AIMexico) 11 de febrero de 2018
“Amnistía Internacional encontró también indicios de varias irregularidades de procedimiento que violaban los derechos que deben garantizarse a las personas que solicitan asilo según el derecho internacional de los derechos humanos.
«Estas irregularidades les negaban en la práctica la posibilidad de impugnar su expulsión y conseguir protección en México”, abunda el informe.
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Entre sus recomendaciones, Amnistía urge al presidente de México, Enrique Peña Nieto, que “ordene la revisión de los procedimientos de identificación del INM para garantizar que las personas migrantes en situación irregular que son aprehendidas sean informadas debidamente a su derecho a solicitar asilo en México”.
Y que se detengan “las prácticas ilegales de devolución, que son objeto de sanción administrativa”.