Gerson tenía 19 años cuando lo secuestraron. Era estudiante de arquitectura y desapareció el 15 de marzo de 2014.
Ese día por la mañana llamaron por teléfono a su casa para extorsionar a su familia con un rescate por su vida. A las 5 de la tarde, su madre pagó la cantidad exigida por los criminales.
Pero, después de entregar el dinero, no recibió respuesta.
Por la noche, llegó a casa de la familia un supuesto amigo de Gerson. Aseguraba conocer la ubicación donde tenían secuestrado al joven. Sin dudarlo, su hermano Alan de 15 años y su cuñado Miguel, salieron a buscarlo.
Avanzaron pocas cuadras desde la casa familiar hasta el presunto lugar del secuestro. Ambos sitios están en la misma colonia donde Gerson vivía.
La casa donde se presumía estaba cautivo, resultó ser un anzuelo.
No lo encontraron, pero varios sujetos armados comenzaron a seguir a Alan y Miguel en dos camionetas. Les impidieron el paso y rafaguearon el lugar.
Ambos fallecieron, pero al supuesto amigo únicamente lo lastimaron con un roce de bala en la pierna.
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Poco tiempo después llegó el padre y madre de Gerson. Los cuerpos de sus familiares, que murieron en cuestión de horas, yacían en el piso a pocas cuadras del lugar donde supuestamente tenían secuestrado a su hijo.
Esa no fue la única muestra de violencia en contra de su familia.
A otra hermana de Gerson y su nuera hombres armados las obligaron a salir de su hogar para seguirlas por la calle. Hoy están con vida porque, ese día, una vecina las escondió en una casa cercana.
Desde entonces, la familia no ha vuelto a pisar su hogar en Medellín, Veracruz, por miedo a represalias.
Su casa fue saqueada tres veces, después de que la abandonaron por presuntos policías que han ido a buscar a la familia y piden datos sobre su ubicación a los vecinos.
“Yo ya no puedo regresar a mi casa. Regresé al otro día escoltada, nada más para sacar ropa para poder velar a mi hijo”, cuenta la madre del joven, Marisela Orozco Montalvo, quien ahora es defensora de derechos humanos.
Sacó el uniforme de fútbol con el que su hijo Alan jugaba como portero de la sub 17 de Los Tiburones Rojos de Veracruz. Esa fue su última vestimenta.
A Gerson Quevedo lo encontraron en diciembre de 2017, dentro de un “narcocementerio” en Colinas de Santa Fe, Veracruz. Junto a sus restos se ubicaron 300 cráneos y 17 mil restos óseos.
La familia Quevedo Orozco, es una de las miles que han sido víctimas de desplazamiento forzado en México.
Como medida preventiva o reactiva por agresiones de grupos armados, los pobladores se ven obligados a dejar sus hogares en busca de un lugar seguro.
Los 300 mil desplazados
Desde el 2006, año en que el ex presidente Felipe Calderón declaró la guerra a los cárteles de la droga, han sido desplazadas por la fuerza aproximadamente 329 mil 917 personas en diferentes territorios del país.
Durante el año pasado, los desalojos afectaron a cerca de 20 mil 390 personas, de acuerdo con un informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Para llenar el vacío oficial para conocer la dimensión del fenómeno, la Comisión creó un área especializada para el análisis de esta información.
En 2018 ocurrieron 25 eventos masivos, de más de 50 personas, donde familias o pueblos fueron desalojados violentamente.
El 68 por ciento de los desplazamientos fueron causados por violación de derechos humanos provocados por organizaciones criminales, entre cárteles del narcotráfico, bandos armados o autodefensas creadas al margen de la ley.
Coahuila, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán y Sinaloa son los estados más proclives a estos acontecimientos, afectando a 11 mil 232 personas.
Otra de las causas de alejamiento poblacional son casos de violencia política, como conflictos territoriales. Este rubro perjudica a 8 mil 928 personas, principalmente en Chiapas, Chihuahua y Oaxaca.
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La manera en que las personas son desalojadas de su patrimonio es por medio de personas armadas, amenazas o intimidación, saqueo de negocios, ser forzados a recluirse en bandas criminales o por medios de detenciones arbitrarias.
El 60.4 por ciento de las víctimas desplazadas forman parte de una población indígena. Los pueblos más afectados por esta práctica son nahuas, tzotziles, mixes, rarámuris (o tarahumaras), purépechas y tepehuanes (u ódami).
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