De estudiante a escolta del Z-50.
En 2012, el joven Carlos fue acusado por la Secretaría de Marina de ser escolta de Iván Velázquez Caballero, integrante del grupo delictivo Los Zetas. La dependencia federal presentó al joven originario de San Luis Potosí ante la prensa como parte de los detenidos en un operativo, en el que también fue presentado el capo.
El caso lo dio a conocer la CNDH en una recomendación, que determinó que la detención del joven potosino fue ilegal, y el reportero Paris Martínez construyó el relato para Animal Político.
La Marina divulgó como prueba un video donde se ve a uniformados en un edificio y luego una avioneta de la que descienden tres detenidos. Supuestamente, uno de ellos era Carlos, cuya detención no fue divulgada en el video.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos contradice esta versión. En cambio, señala que Carlos fue detenido cuando comía con un amigo en un restaurante de pollos. La Marina decidió convertirlo en escolta del Z-50, motivada por un tatuaje que Carlos llevaba en el brazo.
Además, se le acusó de dos delitos federales: delitos contra la salud, por portación de mariguana, y portación de armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército.
El arma que presuntamente tenía el joven estudiante cuando lo capturaron fue presentada por la Marina como prueba; sin embargo, la PGR determinó que el artefacto no tenía las huellas dactilares de Carlos.
«Como a eso de las 6 y 10, más o menos, entraron unos soldados [al restaurante de pollos], revisando al personal, y a mí se aproximó un oficial o soldado, me sacó del negocio y al revisarme se percató que en mi muñeca izquierda tengo un tatuaje.
«Y me empezó a decir que era una escoria de la sociedad y un malandrín, yo le dije que por qué me agarró, y él me puso contra la pared, poniéndome en la cara un trapo o algo, no sé qué era, me tapó los ojos», declaró Carlos ante el Ministerio Público el 26 de diciembre de 2012.
El joven declaró que fue esposado, vendado de los ojos, fotografiado en un inmueble, golpeado hasta perder la noción.
Pisotones en los tobillos, una cortada en el brazo, patadas en el estómago, rodillazos en la espalda fueron algunos de los actos de violencia perpetrados en su contra.
«Me dejaban en paz un rato y después regresaban otra vez a golpearme».
Luego, fue llevado en un avión a la Ciudad de México, fotografiado al aterrizar y vuelto a torturar en lo que Carlos supone era una base militar.
«Me golpearon ahí, me pusieron toallas y bolsas en la cara para no permitir mi respiración. En la espalda tengo unas marcas que me dejaron, cuando me golpearon muy fuerte, no sé con qué me golpearon».
Tortura certificada
La CNDH constató que Carlos fue torturado durante por lo menos 17 horas, con el propósito de obligarlo a una confesión. La Comisión aplicó el Protocolo de Estambul.
Sin acusación oficial, antes de haber sido presentado ante el Ministerio Público, Carlos fue sometido a tortura por fuerzas federales.
Antes de ser consignado ante un juez, que estimó que había pruebas para iniciar un juicio en su contra, Carlos pasó 44 días arraigado.
«Cinco años y cuatro meses después de que Carlos fuera detenido por la Marina, aún continúa preso», establece Paris.
La Marina detuvo al joven ilegalmente: CNDH
Con base en testimonios de quienes comían en el restaurante de pollos y luego de revisar expedientes judiciales acumulados en cinco años, la CNDH estableció que la detención de Carlos fue ilegal.
Además, la Comisión estableció que el arma y los 12 kilos de mariguana le fueron sembrados al joven para inculparlo. También fue falso que el joven haya sido capturado en flagrancia y mientras manipulaba el arma.
«Si los hechos hubiesen sucedido en los términos señalados, dicha manipulación de las armas implicaría, en un alto grado de probabilidad, que al ser analizadas pericialmente se encontrase en éstas las huellas de los detenidos», lo que fue descartado.
La CNDH criticó a su vez el video difundido por la Marina, donde no se registra claramente la detención, ni sujetos huyendo del operativo.
La Marina hizo un reporte médico antes de presentar a Carlos ante el Ministerio Público que aseguraba que no tenía lesiones; más adelante, personal médico del MP registró en su propio reporte que el joven estudiante presentaba señales de tortura.
CNDH certificó que el joven «es víctima de la violación a su derecho a la libertad y la seguridad personal, y a la integridad personal, por actos de tortura cometidos por el personal de la marina, contra quienes además existe una investigación penal desde hace cinco años que no ha arrojado ninguna conclusión», concluye Paris.
Los señalamientos de la Comisión se dan en el contexto de la reciente aprobación de la ley de seguridad interior, criticada por organizaciones civiles bajo acusación de que legaliza la actuación irregular de las fuerzas armadas en el país. La CNDH prepara un recurso ante la Suprema Corte para echar atrás la legislación.