Muna Dora Buchahin Abulhosn fue la directora general de Auditoría Forense en la Auditoría Superior de la Federación hasta el 23 de mayo.
Luego 13 años de labor ininterrumpida dentro de la dependencia y tras haber destapado el desvío millonario de recursos públicos en dependencias gubernamentales, fue despedida.
Su caso no es el único. Muna Dora es la última inclusión de una larga lista de personas que han intentado combatir la corrupción dentro del gobierno que han sido cesadas de sus cargos sin una justificación evidente, de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil.
«El problema es que observamos cómo permea una lógica de cuota, de cuates, y que poco se privilegia el mérito. No hay mecanismos de protección contra los buenos funcionarios públicos que están tratando de luchar contra la corrupción, esto deriva en la incapacidad de hacer cumplir la ley y que continúe la impunidad que se ha incrementado en esta administración», dice en entrevista Marco Fernández, profesor de la escuela de gobierno del ITESM e investigador de México Evalúa.
Buchahin Abulhosn fue la directiva que sacó a la luz los esquemas de desvíos de recursos por más de siete mil millones de pesos durante la administración de Enrique Peña Nieto y que se materializaron en La estafa maestra.
Su trabajo reciente consistía en realizar ocho auditorías forenses, dos de ellas relacionadas con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a cargo de Rosario Robles, y sus convenios con instituciones públicas para el desvío de 275 millones de pesos.
Pero Muna no fue la única que salió de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Tanto el titular de la Unidad de Gasto Federalizado, Salim A. Orci Magaña, como el Auditor de Cumplimiento Financiero, Javier Pérez Savedra, también fueron despedidos.
En ninguno de estos casos se dieron a conocer los motivos de la separación del cargo, mientras que en el caso de Muna Dora lo que la Auditoría declaró es que el despido se debió a un conflicto de interés.
Al respecto, Fernández insiste en que a la ASF le corresponde mostrar la evidencia de la acusación. «¿En dónde están las denuncias correspondientes? ¿En dónde está la investigación que justifique el despido?», pregunta.
La ASF informó el despido de la exauditora forense por posible conflicto de interés; debe informar también si inició una investigación al respecto y si encontró alguna irregularidad. Fundamental garantizar certidumbre jurídica para evitar especulaciones https://t.co/H8odx1ubs7 pic.twitter.com/mRGBbkugN8
— Fundar (@FundarMexico) 5 de junio de 2018
También hace un señalamiento a la Cámara de Diputados, el órgano encargado de definir la situación de Muna Dora, que no se ha postulado sobre el despido, mucho menos ha instaurado las comisiones necesarias para analizar el presunto conflicto de interés y definir si el despido procede.
«Lo que tendría que haber es una rendición de cuentas sobre cómo opera el estado de derecho en este país porque parece que solo funciona en términos de desprestigiar a alguien solo por la labor que está haciendo para fiscalizar correctamente el uso de recursos públicos», enfatiza.
Los otros casos
César Alejandro Chávez Flores era visitador general de la PGR, en 2016 realizó un informe sobre las actuaciones de servidores públicos en diligencias relacionadas con el caso Ayotzinapa.
Este informe pedía responsabilizar legalmente a algunos funcionarios de la dependencia, entre ellos a Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal, por incurrir en irregularidades a lo largo de la investigación.
Sin embargo, Chávez Flores fue separado del cargo meses después, mientras que Tomás Zerón fue nombrado secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional.
Su investigación fue la base para que la Organización de las Naciones Unidas emitiera el informe Doble Injusticia, donde señala abusos de poder y tortura sobre los presuntos responsables de la desaparición de los estudiantes.
«Este caso también ejemplifica los esfuerzos de esta administración de despedir a los funcionarios que trabajan. Es el sello de la administración», acusa Marco Fernández.
Otro caso es el de Santiago Nieto, extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), que fue despedido por la PGR en octubre del año pasado, acusado de violar el Código de Conducta de la institución, por dar información al diario Reforma sobre que Emilio Lozoya, ex director de Pemex, le envió una carta pidiéndole que no lo culpara del desvío de recursos a favor del PRI en la campaña por la presidencia de 2012. Estaba investigando Odebrecht.
Mi solidaridad con #MunaDoraBuchain. Los alcances de esta administración son inadmisibles. El auditor superior debe actuar con imparcialidad, independencia y carácter frente al gobierno
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) 1 de junio de 2018
«El tema es: ¿por qué en estos casos sí y en otros no? ¿El mal comportamiento solo se tolera si es favorable para usarlo en contra de un sector no afín a los intereses del partido en el gobierno, pero si no son favorables entonces sí se aplica todo el peso de la ley?», cuestiona el investigador de México Evalúa.
Fernández recuerda, por ejemplo, cuando la PGR filtró información sobre supuestas indagatorias contra Ricardo Anaya y que en ese caso no hubo ninguna sanción para algún funcionario de la dependencia.
Por eso invita a consolidar la profesionalización de nuestras instituciones, empezando por las que se encargan de garantizar el estado de derecho y la prevención, investigación y castigo de la corrupción. «Ese va a ser el reto de la próxima administración, acabar con la cuota de amiguismos».
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