Tan sólo en un año, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) repartió 37 millones de pesos entre cinco empresas cuyo domicilio era falso o que, incluso, ya no existían.
Éstas fueron contratadas para realizar servicios como “análisis de la Constitución Política”, “análisis sociopolítico de la Ciudad de México”, “inventario de almacén” o para venderles un “kit de maquillaje”, todo mediante adjudicación directa.
Sumado a estos contratos millonarios, también repartieron 21 millones de pesos a otras tres compañías que están registradas en casas habitación o en oficinas en donde no trabaja nadie ni hay la infraestructura necesaria para realizar los servicios por los que supuestamente cobraron.
Sin embargo, sus representantes legales aseguran que en su momento cumplieron con las actividades convenidas por la ALDF, de acuerdo con una investigación de Animal Político.
Además, dichas adjudicaciones rebasaron el límite del dinero establecido en el reglamento de adquisiciones, ya que para este tipo de contratos el monto máximo es de 340 mil pesos, algo que se hizo mediante 27 contrataciones avaladas por el Oficial Mayor, Guillermo Sánchez.
Entre los contratos que más sobresalen está uno por 4 millones 988 mil pesos dado a una empresa con domicilio falso, cuyo aval fue dado por el diputado Leonel Luna, del PRD, quien es el presidente de la Comisión de Gobierno.
Según el reporte, Luna negó haber firmado un contrato, ya que —aclaró— lo que avaló fue un “convenio”.
Otro de los funcionarios involucrados es el tesorero de la Asamblea, Pablo Trejo Pérez, quien también forma parte del PRD y actualmente busca ser diputado en el Congreso local.
El portal de noticias que publicó la información comparó los contratos de 2015 y señaló que hubo un aumento en las contrataciones, ya que en ese año registraron 52 y para 2016 las adjudicaciones directas se incrementaron a 127.
La justificación que dieron los diputados de la ALDF fue que ellos sólo se dedican a firmar los contratos, pero la ley no los obliga a verificar la existencia física de las empresas a las que se los dan, ya que eso, según ellos, es responsabilidad del SAT.
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