Las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República sobre seguridad para conseguir paz en el país podrían determinar los resultados de la jornada electoral del 1 de julio, según los datos que registra el Índice de Paz México 2018 (IPM), elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), que proporciona una medición integral de los niveles de paz en México.
Tomando en cuenta que sólo siete de los 32 estados mejoraron su nivel de paz en 2017, y en 25 estados el nivel se deterioró, según el informe, la percepción de la paz ciudadana juega un papel relevante en el apoyo que le darían los potenciales votantes a Andrés Manuel López Obrador (Morena-PES-PT), Ricardo Anaya (PAN-PRD-MC), José Antonio Meade (PRI-PVEM-PANAL), Margarita Zavala y a Jaime Rodríguez “El Bronco” (ambos independientes),.
El nivel de paz en México se deterioró 10.7% en 2017 debido a la escalada de la guerra contra las drogas, cifra que marca el año menos pacífico del que se tenga registro en el país.
Además hubo más de 29 mil asesinatos, lo cual elevó la tasa de homicidio a 23.8 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Estos datos ayudan a comprender como es que el tema de la seguridad y la paz, son algunas de las principales preocupaciones de los votantes mexicanos.
Luego de 2 semanas del inicio formal de la campaña presidencial, las propuestas se han dividido en dos grandes grupos: los que proponen continuar con la actual estrategia, que pone al frente el uso de la fuerza para terminar con la violencia, representado por José Antonio Meade y Margarita Zavala.
En el otro frente, se encuentran Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya. El primero hablando de ofrecer diálogo y amnistía para ciertos personajes a cambio de que dejen las armas. Por su parte, Anaya ha incluido en su discurso la intervención de instituciones internacionales como la ONU para que intervengan en el país.
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Los números de Peña Nieto
En la actualidad, no hay manera de saber con exactitud cuántas muertes están relacionadas con el narcotráfico o con crímenes de la delincuencia organizada, ya que ninguna de las entidades gubernamentales mexicanas clasifica de esta manera estos delitos en sus reportes públicos, lo que indicaría si los homicidios y otros delitos están relacionados con actividades de los grupos de la delincuencia organizada.
De acuerdo con cifras extraoficiales ese mismo año hubieron 4 mil 987 muertes por conflictos entre grupos de la delincuencia organizada y el gobierno, o entre sí, según el Programa de Datos sobre Conflictos de Uppsala y el Instituto de Investigación de la Paz de Oslo (PRIO, por sus siglas en inglés).
La organización también estima que en 2016, los homicidios relacionados con la delincuencia organizada, oscilaron entre 20 por ciento y 50 por ciento.
Las “ejecuciones perpetradas por el crimen organizado”, registraron 12 mil 224 ese año, de acuerdo a Lantia Consultores.
Pero “la guerra contra las drogas” no es un objetivo de política pública viable para construir la paz, ya que la violencia hasta la fecha sigue incrementando.
Para mediados de 2017, el gobierno mexicano había arrestado o asesinado a 107 de los 122 líderes más influyentes de los carteles, lo que provocó que sus miembros recurrieran a la actividad criminal común, (robos, extorsiones, etc) a medida que el riesgo de pertenecer a un cartel aumenta.
Violencia en México nos cuesta 4 billones de pesos
El costo económico de la violencia en México en 2017 se estimó en 4.72 billones de pesos (US$249 mil millones), lo que equivale a 21 por ciento del PIB del país.
Esta cifra podría revertirse si el nivel de violencia se reduce aumentando el gasto gubernamental en seguridad interna y el sistema judicial del país que como porcentaje del PIB representa solo el 60 por ciento del promedio de la OCDE.
Un claro ejemplo del efecto que tendría un mayor gasto gubernamental en seguridad interna, sería que la disminución de 10 por ciento en el impacto económico de los homicidios equivaldría un ahorro de 218 mil millones de pesos, o sea, nueve veces el gasto gubernamental en ciencias, tecnología e innovación en 2017.
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El delito de homicidio que incluye el robo, asalto y violación, fue la segunda forma más onerosa de violencia, al representar 40% del impacto económico de la violencia o en cifras redondas 1.9 billones de pesos.
Seguridad privada, el negocio ante el abandono
El incremento en los niveles de violencia ha provocado que muchos mexicanos contraten seguridad privada.
De 2010 a 2016, el número de empresas de seguridad privada en México subió de 3 mil 104 a 4 mil 102, un aumentó de 32 por ciento en un periodo de seis años.
Debido al crecimiento de la industria de seguridad privada, ahora el gobierno federal intenta regularla a través de su registro ante la Secretaría de Gobernación pero muchas empresas han encontrado grandes obstáculos debido a el alto costo del tramite y largo proceso burocrático, por ello la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada ha abogado por una ley federal uniforme que facilite el registro y la regulación para las empresas y el gobierno.