Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo por el PRI, podría llevar su proceso fuera de la cárcel.
El ex mandatario detenido en Panamá llega a México en este arranque de 2018 para encarar a la justicia mexicana por el delito federal de lavado de dinero, además de cargos locales de peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública.
Borge se encontraba en Panamá a punto de tomar un avión rumbo a París cuando fue detenido por la orden de aprehensión dictada por un juez federal del penal Neza-Borrdo, en el Estado de México.
Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la PGR, advirtió que el delito que se le imputa no amerita privación de la libertad, pues no se le considera grave. Sin embargo, el funcionario aseguró que procurarán presentar los recursos legales que mantengan al ex mandatario en prisión.
“En nuestro nuevo sistema penal acusatorio federal no es considerado de los delitos que ameriten una prisión preventiva oficiosa, sin embargo, existen argumentos que se puedan presentar ante la autoridad judicial en México para que lleve su proceso privado de la libertad.
“Enfrentar a la justicia mexicana y que exista algún delito considerado como grave en términos de nuestra constitución, de nuestro nuevo Sistema Penal. Si y dependerá de la determinación del juez en base a los argumentos que va a presentar la Procuraduría de la República hasta el momento”, explicó Beltrán hace unos meses.
De resultar culpable, Borge podría pasar de cinco a 15 años de cárcel por uso de recursos de procedencia ilícita, confirmó el funcionario federal.
Patrimonio del Estado: el inicio
Roberto Borge comenzó a triangular recursos con la ayuda de funcionarios de los municipios de Solidaridad (Playa del Carmen), Isla Mujeres y Benito Juárez (Cancún), junto con ex titulares de distintas dependencias estatales, de acuerdo con investigaciones de la Procuraduría federal y autoridades locales. Algunos de estos implicados ya están bajo proceso.
El Instituto del Patrimonio del Estado (IPAE) abrió a la venta 9 mil 500 hectáreas de 44 predios localizados en reservas protegidas, con precios de remate.
Las zonas de reserva se ubicaban en Puerto Morales, Solidaridad, Benito Juárez, Cozumel, Tulum, Bacalar y Felipe Carrill Puerto.
Claudia Romanillos Villanueva, entonces directora del IPAE, junto con Soraya Herrera Manzanilla, ex coordinadora jurídica de la dependencia, aprobaron la venta irregular a precios por debajo de su valor real.
Las hectáreas de reserva territorial equivalen a seis veces la totalidad de la zona hotelera de Cancún, lo que representó un desgaste a la cuenta pública estatal de al menos mil 99 millones 492 mil 370 pesos.
La naviera del olvido
A principios de 2017 la PGR aseguró la naviera Barcos Caribe y reveló que los principales accionistas de la firma eran César Celso González Hermosillo, abogado de la familia de Borge, y María de Lourdes Pinelo Nieto, secretaria del padre del ex gobernador: Roberto Borge Martín.
La naviera operó el lavado de dinero de al menos 4.5 millones de dólares y 14 millones 290 mil dólares australianos por la supuesta compra de cinco barcos en territorio de Australia, de acuerdo con el expediente FED/SEIDO/UEIORPIFAM-QR 00007-49/2016.
Implicados
-Luis Sierra Sauri, hijo de la ex gobernadora yucateca Dulce María Sauri, fue representante de los accionistas del proyecto del Hotel Gran Turismo Westin Cozumel.
-Juan González Angulo también fue representante de los accionistas del plan hotelero.
-Édgar Manuel Méndez Montoya, empresario de 35 años originario de Tabasco, es señalado como operador político de Roberto Borge, 351/2017 número de la carpeta de investigación en su contra por la compra de seis predios por 11 millones 534 mil 699 pesos, los cuales tenían un valor legal de 189 millones 778 mil 340 pesos. Recibió la aprobación del IPAE, que estaba a cargo de Claudia Romanillos.
-Gerardo Guadiano Rovirosa, presidente municipal de Villahermosa, Tabasco, y presunto prestanombres del ex mandatario Borge.
-Cristóbal Guadiano Rovirosa, hermano de Gerardo, señalado también como operador de Borge, contaba con empresas como Grupo Desarrollador Romega SA de CV, Impulsora Tecnológica Ambiental SA de CV, y Bogasur SA de CV; de las cuales era socio o prestanombres legal.
-Fabián Vallado, delegado de Sedesol durante el mandato de Borge, es señalado como presunto prestanombres y está ligado al desfalco cometido en esa administración, además es acusado por enriquecimiento ilícito. Fue denunciado por la Fepade por unos audios que evidenciaban el uso de programas sociales para fines electorales.
-Santiago Samuel Jiménez Moreno, director de la empresa Corpogas.
-José Guillermo Martínez Cárdenas y Lorenzo Sánchez Hidalgo, empresarios madrileños, y el mexicano José Luis Cárdenas Bazán, también señalados como presuntos prestanombres.
-Mauricio Góngora Escalante, ex candidato del PRI a la gubernatura del estado, investigado por la Fepade por presuntamente recibir 201 millones de pesos del erario para su campaña electoral, de acuerdo con un denuncia presentada por el PRD.
-Eliezer Villanueva Lanz, ex subsecretario técnico hacendario.