Hoja tras hoja, los laberintos de papel sobre la masacre de los 43 en Iguala se acumulan en el escritorio de uno de los principales asesores del presidente Enrique Peña Nieto. Los expedientes ordenados con papelitos rosas y amarillos llevan anotaciones y se sostienen con clips.
Todo está cuidadosamente preparado para la nueva apuesta del gobierno de Peña Nieto y dar carpetazo a la investigación sobre los 43 de Ayotzinapa, el más representativo acto de violencia durante su sexenio.
Entre esos expedientes se encuentra un estudio de minerales que, según fuentes cercanas al caso, estaría en proceso de demostrar la supuesta existencia de cadáveres de los normalistas entre las tierras del basurero de Cocula, pueblo vecino a Iguala.
Además, advierten los consejeros de Peña Nieto, es “muy probable” que los protocolos de Estambul practicados a los presos salgan negativos y no se compruebe que fueron torturados, como sostiene la ONU, en su informe, publicado en marzo de este año.
Tanto el estudio de minerales como los protocolos de Estambul son los dos elementos que, según el gobierno federal, le ayudarán a dar por terminada la investigación antes de que termine el sexenio y alguien quiera venir a supervisarla.
En las oficinas de los asesores se huele la preocupación por las comisión de la verdad propuesta por Ricardo Anaya y a la que después se sumó Andrés Manuel López Obrador a regañadientes por tener contradecir su idea de no cobrar venganza contra Peña Nieto.
La propuesta del panista prendió alarmas, debido a que el caso Ayotzinapa podría ser investigado a profundidad e incluso podría llevar a Peña Nieto ante una corte penal internacional. Emilio Álvarez Icaza, el hombre detrás del GIEI, es uno de los principales impulsores de esta investigación.
Anaya, desprovisto de ideología y contenidos para su campaña, parece tomar al pie de la letra las ideas del exómbudsman para placearlas entre sus simpatizantes.
Desde Los Pinos no se van a cruzar de brazos para ver cómo planean llevarlos a un juicio.
Los ataques volvieron: pese a las advertencias de los empresarios para no usar a la PGR contra Anaya, los consejeros del presidente han vuelto a las andadas y han proporcionado a España información bancaria sobre los cercanos al panista a la que sólo la Secretaría de Hacienda puede tener acceso.
Basta una orden de los asesores de Peña Nieto para que el SAT encuentre transferencias, recibos, facturas, empresas, propiedades y todo lo que se le ocurra a ese equipo de campaña alterno de José Antonio Meade que trabaja en el CISEN, la PGR, el Consejo Nacional de Seguridad y Hacienda.
En el equipo de seguridad más cercano a Peña Nieto hay temor sobre la comisión de la verdad de Anaya, a la que consideran un “tribunal a modo” y en la que ven una amenaza por las similitudes que guarda con la que encarceló al presidente Ríos Montt en Guatemala.
“Anaya abre una puerta que no podrá cerrar”, comentan. El temor a ser juzgados por el caso Ayotzinapa no deja de crecer.
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