El próximo presidente de México recibirá una de las crisis más intensas de inseguridad contra los periodistas en el país.
El 2017 fue el año con la mayor cantidad de comunicadores asesinados. Además, la administración del priísta Enrique Peña Nieto podría consolidarse con el sexenio con el mayor número de periodistas asesinados en la historia reciente del país.
A un año de que deje el cargo, el ejecutivo federal no ha podido contener ataques, amenazas y homicidios de periodistas; además, las investigaciones realizadas por instancias de gobierno no han resuelto la raíz del problema ni han asegurado castigos para los responsables de esa violencia.
La libertad de prensa en México se encuentra en una situación complicada, principalmente para medios que se caracterizan por mantener líneas críticas contra gobiernos y contra responsables del crimen organizado, según reportes anuales de organizaciones defensoras de la libertad de expresión como Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
La crisis de la libertad de expresión fue descrita recientemente por un reportaje del New York Times donde se muestra que el Gobierno federal ha gastado unos 2 mil millones de dólares en publicidad oficial dentro de medios como Milenio, La Jornada, El Universal o Excélsior.
Un dinero que se ha convertido en herramienta de control de las líneas editoriales de los periódicos y que ha permitido a la administración moderar, aplazar o frontalmente desestimar reportajes o investigaciones críticas con el gobierno mexicano y sus resultados.
Además, en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto se han acumulado 39 asesinatos de periodistas, con el 2017 como el año más crítico, pues concentró 12 víctimas.
La cifra está a apenas nueve casos de igualarse con la del gobierno de Felipe Calderón, cuando 48 comunicadores fueron asesinados, con 2008 y 2010 como los años más críticos, al concentrar diez ejecuciones cada uno.
En el sexenio anterior, el del panista Vicente Fox, se reportaron 22 periodistas asesinados, con el 2006 como el año más crítico, al concentrar nueve episodios de violencia.
Continuidad en agresiones
La organización Artículo 19 reportó que han sido asesinados 105 comunicadores en el país desde el año 2000, con corte a mayo de 2017, donde casi el 20 por ciento de los asesinatos se ligó uno a otro en un periodo menor a seis meses.
Durante los primeros seis meses de 2017, además, Artículo 19 agregó que existen 140 casos, el 50.7 por ciento, en que las agresiones fueron cometidas por algún funcionario público. En tanto que el 11.6 por ciento de las ocasiones, en 32 casos, el responsable fue el crimen organizado.
El Comité de Protección a Periodistas (CPJ, según sus siglas en inglés) indicó que México es el país con más asesinatos de periodistas en el mundo, por encima de países violentos como Siria, Irak, Filipinas, Pakistán y Bangladesh.
“Esta inseguridad se debe a la continua falta de capacidad de las autoridades y que afecta al país. Es una ola de violencia que parece que nunca terminará debido a que las autoridades están coludidas con los criminales, ahora los asesinatos son más comunes y seguidos», opinó Javier Oliva, experto en seguridad de la UNAM.
“Una nota periodística, una investigación o una entrevista pueden ser tan incómodas como un rival por el que pelean los capos o como un personaje político que destapa algún tipo de corrupción y es inmediatamente eliminado”.
La estrategia electoral y la violencia
Los candidatos presidenciales serán cuestionados por la prensa y la comunidad ante la falta de garantías para el desarrollo de la libertad de expresión en el país, sobre todo en zonas consideradas de alto riesgo, como Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas o Michoacán.
José Antonio Meade, candidato por el PRI, carga con el legado de Peña Nieto y con las altas cifras de muertos de su sexenio, que superaron a las de la guerra contra el narcotráfico desatada en 2006 por Felipe Calderón en Michoacán.
Los demás aspirantes, en caso de ganar, recibirán un país en completo desorden y con la interrogante de seguir con la misma estrategia de combate a capos del crimen organizado o de intentar nuevas maniobras, como la amnistía a delincuentes.
“Será un tema demasiado delicado para el candidato del PRI, será una tarea extremadamente difícil porque el tejido social está en descomposición, el reto será el confiscar recursos a los grupos del crimen organizado, implementar planes sociales y reforzar la educación en zonas complicadas.
“Para el del PAN (Ricardo Anaya) será interesante ver si la estrategia de choque implementada desde hace 11 años se mantiene o cambiaría su filosofía, en tanto que el eterno aspirante, ahora de Morena (Andrés Manuel), realiza un experimento tan arriesgado como vender armas en la tiendita, dar una segunda oportunidad a los criminales con el aval de los afectados”, dijo Oliva.
El docente aseguró que los descalificativos contra las víctimas han generado desconfianza hacia las autoridades y molestia entre compañeros y familiares, que consideran que se busca desenfocar la realidad de impunidad que sufre el país.