Marco Antonio Sánchez tiene 17 años y fue víctima de desaparición forzada en enero pasado. Su caso escaló hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que decretó que su situación es grave, urgente e irreparable, por lo que el gobierno mexicano tiene que asumir su responsabilidad.
La CIDH detalló que la gravedad del caso radica en que Marco, menor de edad, fue visto por última vez cuando fue golpeado y detenido por agentes del Estado, y que desapareció durante cinco días.
Además, lo encontraron en un lugar diferente al de su desaparición: Marco fue detenido en la CDMX, pero apareció en el Estado de México.
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Al hallarlo, Marco estaba afectado mentalmente, fue diagnosticado con un episodio de manía severa, las instituciones públicas de salud le realizaron estudios sin conocimiento y autorización de los padres, fue sometido a sujeciones físicas. Hasta el día de hoy, Marco Antonio no ha recuperado la conciencia plena.
Los daños mentales que se produjeron después de la detención arbitraria, aún con las medidas que el gobierno mexicano reportó haber implementado, son una de las piezas clave para que la Comisión considere que Marco tiene en riesgo su derecho a la vida, integridad personal y salud.
También deja en claro que las afectaciones a su vida, salud e integridad personal son irreparables, sobre todo considerando que es un adolescente y que el Estado debería haber actuado bajo el interés superior de la niñez.
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Pero el caso de Marco Antonio no es el único que ha llegado hasta el organismo internacional, tampoco el primero que corre el riesgo de quedar en el olvido.
Entre 2016 y 2017 la Comisión recibió 2 mil 515 peticiones de atención a casos ocurridos en México. El año pasado, fue el país de donde más solicitudes se enviaron (819 peticiones), con Colombia haciéndole segunda (583 peticiones).
Y aunque no todas llegan a tener una respuesta como en el caso de Marco Antonio, aquellos casos en los que el organismo sí se ha pronunciado y ha instado al gobierno mexicano de acatar las recomendaciones, la respuesta de México es el silencio.
En junio del año pasado, por ejemplo, la CIDH dijo que el gobierno federal había ignorado 80 recomendaciones sobre seguridad ciudadana y justicia que se formularon en 2015. Recomendaciones orientadas a temas de seguridad, tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, derechos de la comunidad LGBTTTI+, mujeres, indígenas, migrantes, niños y adolescentes como Marco Antonio.
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Casos emblemáticos como las ejecuciones de Tlatlaya, Apatzingan y Tanhuato quedaron en el archivo. Las recomendaciones emitidas para obtener justicia en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, también.
Aunque los casos han logrado robar atención internacional, al interior del país prevalece la injusticia, la falta de la claridad.