La CIDH condenó el asesinato del periodista Carlos Domínguez, ocurrido el pasado 13 de enero en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
A través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó al Estado mexicano a esclarecer el asesinato e investigar su posible relación con el trabajo periodístico de Domínguez.
La víctima, agredida presuntamente con arma blanca y quien fue enterrado en Acapulco, Guerrero, es el primer periodista asesinado en México en lo que va del 2018.
El año pasado, 2017, se alcanzaron cifras históricas de violencia contra los comunicadores en el país y se equiparó la situación de inseguridad que encara el gremio con la de países en guerra, como Siria.
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«La Relatoría Especial llama al Estado mexicano a investigar de forma completa, efectiva e imparcial este crimen, esclarecer sus móviles y determinar judicialmente la relación que pudieran tener con la actividad periodística y la libertad de expresión», señaló la organización en un comunicado.
«Las autoridades no deben descartar al ejercicio del periodismo como un móvil del asesinato y/o agresión antes de que se complete la investigación, así como proveer con recursos adecuados y personal especializado a las instituciones encargadas de la investigación de este tipo de asuntos».
Domínguez ejerció el periodismo en el Diario de Nuevo Laredo y en Noreste Digital; escribía sobre temas políticos, sociales y económicos de orden local y federal.
La relatoría de la CIDH visitó recientemente el país acompañada de la Relatoría de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión y Opinión, y concluyó que las amenazas contra los periodistas persisten en México.
«La naturaleza sistemática de esta violencia requiere no sólo medidas individuales específicas, sino también medidas de naturaleza estructural», señalaron entonces.
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En el comunicado, la CIDH recuerda el principio 9 de su Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, que señala que:
«El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción de los medios de comunicación viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión.
«Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada».