¿Qué hará Pepe Toño Meade con Borge, Duarte 1, Duarte 2, Yarrington y Hernández (el de Tamaulipas)?

A unas semanas de iniciar su camino para ser presidente, el precandidato del PRI se presenta como un político sin pecados mayores durante su carrera, pero ahora muchos se preguntan si, de ganar las elecciones, castigará la corrupción de algunos compañeros del partido que lo postula.

Sin pertenecer a la raíz más profunda del PRI, el tecnócrata enfrentará una escena difícil para lograr la mayoría de votos, más si tomamos en cuenta que el cinco veces secretario de Estado no ha competido nunca por un cargo de elección popular.

José Antonio Meade y los gobernadores corruptos del PRI
El presidente Enrique Peña Nieto tampoco ha estado exento de acusaciones de corrupción. Foto: Moisés Pablo / Cuartooscuro

“Sin duda que cuando se habla del PRI te remite a los casos de Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge, Eugenio Hernández, Tomás Yarrington, Humberto Moreira y los que se junten», valoró el politólogo del CIDE Juan Salgado.

“A pesar de que su padre se consolidó como un militante recalcitrante, Meade supo integrarse en un ambiente fuera de los reflectores de la política y su nombramiento se da más por el círculo en el que se ha envuelto que por inercia partidista”.

Salgado consideró que la herencia del gobierno de Enrique Peña Nieto representa un reto interesante para Meade, pues tendrá que aplicar estrategias originales y contundentes que le ganen el afecto electoral.

Ante la falta de una justicia eficaz e impecable, la ciudadanía recurre al castigo con su voto, pero en este evento hablamos de un personaje completamente diferente a la cepa priísta», dijo el académico acerca de la estela de corrupción e impunidad priísta, difícil de olvidar por la sociedad.

Y es que no es fácil la apuesta del PRI por cobijarse en un personaje sin un pasado ligado directamente a esas gubernaturas empantanadas por la corrupción, quien además ha transitado alejado del protagonismo de otros personajes polémicos.

En especial en una atmósfera donde los desvíos millonarios de recursos públicos, los abusos de poder, la delincuencia organizada y demás delitos revelados en los últimos tres años de la gestión peñista abundan.

“La presión social y mediática ha hecho cambiar la estrategia de ese ‘monstruo tricolor’, tuvo que descartar a ex gobernadores o a aquellos que han tenido puestos en el Congreso de la Unión, porque ya están señalados y, en cierta forma, marcados por un estereotipo fincado y único para identificar a los priístas”, describió Salgado.

Meade corrupción
Uno de los problemas centrales de la posible presidencia de José Antonio Meade será su trato con los ex gobernadores corruptos salidos del PRI. Twitter/JoseAMeadeK

El 2018 arrancará con capítulos de audiencias, sentencias, búsquedas y extradiciones de ex mandatarios.

Y la pregunta sobre como será la relación entre José Antonio Meade y los gobernadores corruptos del PRI adquiere particular relevancia.

De Veracruz a Quintana Roo, vía Tamaulipas

El ex mandatario veracruzano Javier Duarte enfrentará en 2018 su tercera y última audiencia, a la espera de que se defina su periodo en prisión por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo, enfrentará a la justicia mexicana luego de que procediera su extradición desde Panamá.

Al priísta se le acusa del delito federal de operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de cargos del fuero común, como aprovechamiento ilícito, ejercicio indebido de funciones y peculado.

Además, el ex mandatario de Tamaulipas Eugenio Hernández espera fecha para ser entregado a la justicia estadounidense y ser juzgado bajo presunción de operar una red de empresas fantasma que lavaron 300 millones de pesos.

Su antecesor, Tomás Yarrington, prepara ser entregado desde Italia a México y luego a Estados Unidos por sus presuntas conexiones criminales con el Cártel del Golfo y Los Zetas.

En tanto, el chihuahuense César Duarte sigue prófugo de la justicia mexicana, aunque se tiene registro de que está escondido en Estados Unidos.

El ex gobernador del estado más grande del país está acusado de peculado en diferentes modalidades y de la presunta retención del sueldo de 700 empleados por un monto de 80 millones de pesos, recursos que habrían sido dirigidos a las arcas del PRI.

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