Mientras seis de cada diez veracruzanos padecían alguna situación de pobreza, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en 2016, su gobernador Javier Duarte adquirió una lujosa propiedad en el exclusivo fraccionamiento The Woodlands Creekside Park, ubicado en la zona metropolitana de Houston, Texas.
Ahí, las mansiones llegan a tener un valor de hasta 3.5 millones de dólares, es decir, un trabajador veracruzano que gana el salario mínimo tendría que trabajar todos los días por dos mil años y aún no le alcanzaría el dinero para poder adquirir una propiedad en ese lugar.
En dicho fraccionamiento, las dimensiones de las casas rondan los 3 mil 800 metros cuadrados, con elevados techos de dos pisos y acabados de lujo. Cuentan hasta con cinco recámaras, cuatro baños, cocina, sala de juegos, jardines, espacio para alberca y cochera para tres autos.
Muy cerca de ahí se encuentra The Woodlands Creekside Park, un club exclusivo para los residentes de la zona y que en julio de 2016, a través de su revista interna de The Woodlands Country Club, dio la bienvenida a Javier Duarte y a su esposa Karime Macías como sus nuevos integrantes.
El deportivo cuenta con tres de los mejores campos de golf privados en Texas, donde se llevan a cabo torneos internacionales, además de accesos a canchas de tenis, fitness, restaurantes y exclusivos eventos sociales.
Los inquilinos pueden disfrutar de “condiciones de juego impecables, instalaciones de primera clase y un servicio atento y personalizado”, según información publicada en su sitio web.
La lujosa propiedad de Javier Duarte es solo una de, al menos, diez que le han sido incautadas por autoridades federales, quienes lo acusan de delitos graves como delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición.
A su esposa, Karime Macías, le fue girada una orden de aprehensión el 25 de mayo pasado acusada del desvío de 112 millones de pesos.
Pero antes de caer en desgracia, Duarte no solo era una joven promesa de la política nacional. Era, también, un emblema de un servicio público limpio y honrado.
En 2012, cuando Enrique Peña Nieto era el candidato de la coalición Compromiso por México a la Presidencia de la República, presumía que Javier Duarte, en ese entonces gobernador de Veracruz, era un ejemplo de la “nueva generación del PRI”, según sus palabras en el programa Tercer grado de Televisa.
Cinco años después, el 15 de abril del 2017, Duarte sería detenido en un lujoso hotel en Guatemala, acorralado por una ficha roja de Interpol.
Duarte se convertiría en el emblema de la corrupción tolerada en el actual sexenio: durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se desviaron más de 3.4 mil millones de pesos a través de 128 empresas fantasmas y se desaparecieron recursos destinados a los más pobres según información revelada por la investigación La estafa maestra.
Durante el actual sexenio, once gobernadores fueron acusados por actos de corrupción.
Nueve de ellos llegaron al poder como militantes del PRI: Fausto Vallejo (Michoacán), Jorge Herrera Caldera (Durango), Rubén Moreira (Coahuila), Egidio Torre Cantú (Tamaulipas), Miguel Alonso Reyes (Zacatecas), Javier Duarte (Veracruz), César Duarte (Chihuahua), Roberto Borge (Quintana Roo) y Rodrigo Medina (Nuevo León). Dos eran de la oposición: Ángel Aguirre (perredista en Guerrero) y Guillermo Padrés (panista en Sonora).
Las mediciones internacionales también reprueban la gestión de Peña Nieto en buen uso de recursos públicos: en 2012, Transparencia Internacional, organización internacional que promueve medidas a favor de gobiernos honestos, ubicó a México en el lugar 105 de 176 naciones evaluadas en su Índice de Percepción de la Corrupción.
Cinco años después, en 2017, México cayó al lugar 135, empatando con República Dominicana, Honduras, Kirguistán, Laos, Papúa Nueva Ginea, Paraguay y Rusia, de un total de 180 países.
Además, Peña Nieto dejará el gobierno mexicano con 61 por ciento de los ciudadanos que cree que el nivel de corrupción ha aumentado en el país, según el informe Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe de Transparency Internacional, que coloca a México en el primer sitio de la región con el mayor porcentaje de la población que ha tenido que dar algún soborno.
“La impunidad ha sido una parte deliberada de la política del gobierno mexicano: los crímenes atroces han florecido, en parte, debido a la incapacidad de investigar y procesar de manera efectiva a los responsables, en especial cuando estos pueden ser funcionarios públicos”, diagnosticó la organización no gubernamental Open Society en su informe Corrupción que mata: por qué México necesita un mecanismo internacional para combatir la impunidad.
En el mismo informe, elaborado en conjunto con ocho organizaciones civiles mexicanas, el especialista Froylán Encisco, del International Crisis Group, señala que “la debilidad institucional [de México] ha[n] posibilitado el mantenimiento de la corrupción de autoridades locales y la capacidad por parte de las organizaciones criminales de coaccionar a comunidades mediante la violencia o la amenaza de la violencia”.
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