La crisis humanitaria de desapariciones forzadas y las realizadas por particulares en México ha sigo ignorada por las autoridades del país.
Y es que a pesar de la promulgación de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y la implementación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la falta de coordinación para resolver la problemática y la falta de interés apunta que serán escasos los resultados si el gobierno no se compromete en su implementación.
Ante el problema el Observatorio Nacional Ciudadano propuso la creación de una plataforma de monitoreo que se encargue de dar seguimiento a la implementación de la ley, donde participen miembros de la sociedad civil, como familiares de personas desaparecidas.
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“El Estado no solo ha permitido que esto suceda, sino que en algunos casos ha sido autor material y para evitar cualquier responsabilidad se han enfocado en mostrar evidencia que las víctimas de una desaparición forzada son personas moralmente reprochables”, dijo el presidente de la organización, Francisco Rivas aseguró que, como evidencia a la respuesta tardía de las autoridades para atender casos como Ayotzinapa, es visible que no es una prioridad del gobierno en turno.
Y es que de acuerdo con el segundo fascículo del estudio realizado por la organización, “Desapariciones forzadas e involuntarias”, el marco legal, pese a ser una de las modificaciones legales más significativas, no es suficiente para resolver la crisis de desapariciones en México, ya que se necesita que estas se cumplan con cabalidad en todas las regiones del país.
Además de las modificaciones que han sido necesarias para que se logren resultados, las autoridades deben contar con personal capacitado en la atención a víctimas y mecanismos de búsqueda.
Personal sin capacitación con pocos recursos
De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia, sólo 49 agencias de Ministerio Público son especializados en atención de desaparecidos, lo que representa sólo el 1.2% del total de personal del Ministerio Público.
En cuanto a presupuesto, el ONC apunta que es necesario que tengan la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones locales, cuenten con una inversión única y suficiente para ejercer sus funciones.
El Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, no tiene recursos destinados para la CNB ni el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, por lo que deberán operar con el recurso destinado para la Comisión Nacional Antisecuestro, que sólo recibe 75 millones de pesos al año, resultando insuficiente.
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