A partir de los terremotos de septiembre pasado, uno de los temores expresados por la ciudadanía fue que la tragedia pudiese ser aprovechada por algunos para beneficio personal o de grupo; y una de sus principales demandas, que los recursos para las tareas de reconstrucción sean administrados con eficiencia, honestidad, transparencia y prontitud.
No es lo que se ve a cinco meses del desastre, en Ciudad de México. No son cuidadosos estudios sobre el terreno los que se usan para determinar las prioridades, no se presentan los criterios de asignación de recursos ni se detallan sus destinos.
Los expertos designados para encargarse de estas tareas han sido marginados y reemplazados por tres de los diputados locales que más acusaciones acumulan y, a raíz de la inconformidad general, las intenciones de corregir a destiempo van a acumular demoras sobre las demoras.
Podría interesarte: Los delegados que más violan normas de construcción
A cambio de no satisfacer las expectativas, la Asamblea Legislativa les dio un poder inusitado a tres de sus integrantes mediante un albazo –sorprendió a casi todos en sesión del 31 de diciembre- al aprobar un decreto en el que les otorga facultades extravagantes para un legislador: en lugar de ejercer su función normal de supervisar los gastos del Ejecutivo, ellos ahora “proponen” y “autorizan” la ejecución de los más de 14 mil millones de pesos destinados a las tareas de reconstrucción.
Esa decisión contradice directamente la ley de reconstrucción, bajo la que se formó una comisión de especialistas para estudiar la mejor manera de atender la emergencia, planear el destino de los recursos y asegurarse de que no solamente resuelvan lo inmediato, sino que también sirvan para que la ciudad pueda enfrentar los terremotos por venir.
Si ya existía una comisión especializada, que el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera anunció a bombo y platillo, y que venía trabajando desde octubre, ¿por qué hacía falta que la Asamblea catapultara a sus tres diputados a la cabina de mando de este inmenso proyecto?
“No tiene absolutamente ningún sentido”, responde Katia D’Artigues.
Ex integrante de la Constituyente que redactó la nueva carta magna de la Ciudad de México y columnista política, D’Artigues era una de los nueve miembros que tenía la Comisión para la Reconstrucción.
Pero cuatro de ellos renunciaron este fin de semana, incluido el titular, Ricardo Becerra Laguna, quien explicó en carta a Mancera que la toma de decisiones por parte de los tres diputados convirtió a la comisión en una entidad superflua.
¿Quiénes son los diputados de referencia? Mauricio Toledo, Leonel Luna y Jorge Romero, tres ex delegados que han recibido numerosos cuestionamientos e incluso acusaciones graves; dos de los cuales son candidatos a diputados federales y uno, presumiblemente, aspirante a alto funcionario. Y todos forman parte de la alianza “Por México al Frente”.
Así, una de las tres coaliciones políticas logra apoderarse en exclusiva de los multimillonarios recursos para atender a miles de damnificados, que utilizará sin la supervisión ciudadana y de expertos que ofrecía la comisión hoy desarticulada.
Una coalición cuyo componente local principal, el PRD, ha gobernado esta ciudad durante 21 años y ahora enfrenta una muy probable derrota, según todas las encuestas.
Golpe de fin de año
“Estamos hablando de que no queremos una ciudad que dentro de otro lapso pueda decir: ¿y por qué no hicimos?, ¿y por qué no implementamos?, ¿y por qué no planeamos?, ¿y por qué no atendimos a quienes no habían sufrido?, ¿y por qué no les advertimos—cuando menos— que había que hacer algo?”, declaró Mancera el 26 de octubre, frente a funcionarios y legisladores, entre ellos el diputado Leonel Luna, entonces presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea, y Édgar Amador, secretario de Finanzas de la Ciudad.
En el discurso con el que presentó la Comisión y a sus integrantes, el jefe de gobierno hizo énfasis en la mirada de mediano y largo plazo, el expertise técnico, la multidisciplinariedad del órgano (formado por expertos en ingeniería, arquitectura, derecho, economía, sismología, transparencia y derechos humanos) y la claridad en el uso de recursos.
Se trataba de asegurarse de hacer bien las cosas.
El 12 de enero, el comisionado Becerra entregó el tomo de 88 páginas del Programa de Reconstrucción, que propone “iniciativas innovadoras basadas en el nuevo conocimiento científico” que proveyó un comité científico de 14 universidades, además de programas y acciones que parten del “trabajo, la escucha genuina y la consulta directa con los damnificados”.
Se trató de un intenso trabajo de campo, comenta Katia D’Artigues, que incluyó más de 150 visitas a lugares críticos. Pero ya el año los había recibido con una sorpresa: el decreto de la Asamblea Legislativa firmado por el mismo Leonel Luna que nueve semanas antes había aplaudido que se creara la comisión, y que ahora la despojaba de capacidades reales.
“Se pidió de manera formal una carta a Leonel Luna”, recuerda la comisionada renunciante, “que nos dijera cómo iba a trabajar esto y cómo se iba a resolver esta evidente contradicción entre ambas normas.
«Entonces, por un lado Leonel Luna contestaba de manera oficial una cosa, por otro lado los tres diputados dijeron otra cosa en un desplegado en medios, y por otro lado nos enteramos de los recursos que ya habían designado a distintas secretarías de la ciudad”.
Mauricio Merino, un académico del CIDE que era el experto en transparencia de la Comisión y también renunció a ella, reveló en un artículo periodístico que en el oficio ALDF/VIIL/CG/0355/2018, Leonel Luna autorizó la mitad de los fondos que el decreto del 31 de diciembre puso bajo su control, 7 mil 754 millones de pesos, a 10 dependencias del gobierno capitalino.
Son “43 partidas de las que sólo 4 parecen tener algún desglose” y fueron “calculadas sin sustento en proyectos ejecutivos”.
Son asignaciones tan amplias y sin detalle que una de ellas, destinada a la Secretaría de Obras Públicas, asciende a 950 millones de pesos; otra, para la Agencia de Gestión Urbana, a 700 millones; y una para Desarrollo Social, a 500 millones.
Continúa Merino: “Se trata, literalmente, de un reparto de recursos públicos que no corresponde con un esfuerzo previo de planeación”.
Podría interesarte: Golpeadores vuelven a reventar mitin de Sheinbaum en Coyoacán
Estas decisiones le confirmaron al comisionado Ricardo Becerra que a su misión le habían quitado el sentido.
“Ignoro la justificación o las prioridades que han orientado el gasto de los casi 8 mil millones de pesos”, sostuvo en su carta de renuncia, pues esas asignaciones no tienen “relación alguna con el diagnóstico de las necesidades de las personas afectadas por el sismo y el orden de prioridades” establecidos en el Programa de Reconstrucción.
Redes electorales
El 23 de enero, la Gaceta Oficial de la Ciudad publicó que fueron asignados 108 millones de pesos (ajenos al fondo de reconstrucción) a dos programas oficiales, equivalentes a 12 pagos –unos de 6 mil pesos mensuales y otros de 3 mil- para mil 3 personas que laborarán en ellos.
Esta cifra coincide exactamente con el número de secciones electorales de Iztapalapa, la delegación donde se van a implementar los programas: exactamente mil 3 secciones.
Con la certeza de que los mil 3 trabajadores temporales en realidad serán empleados por el PRD como operadores electorales, el partido Morena presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
Para prevenir éste y otros actos de manipulación, el Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó un acuerdo de observación obligatoria para servidores públicos, que entre otras medidas prohíbe “crear redes ciudadanas” para “promover los programas sociales y acciones gubernamentales”, e impedir así que sean utilizadas por los partidos que gobiernan la ciudad y las delegaciones.
De los recursos ya asignados por los tres diputados, sin embargo, un total de 530 millones son para sueldos y salarios en cinco secretarías de la administración central, que son ajenos al presupuesto vigente para el personal contratado: se trata de nuevos puestos.
Cuestionado por el reportero Samuel Adam, de Reforma, Leonel Luna aseguró que “no son redes ciudadanas” y que “hay dependencias que deben incrementar su personal porque no es suficiente para las tareas de reconstrucción”.
Los tres ases
“¿Cuántos miles de millones les confiaría usted a los ex delegados Toledo, Luna y Romero?”, titula el periodista Carlos Puig su columna del 16 de febrero, en un cuestionamiento que apunta directamente a la fama polémica de los tres diputados que controlan la reconstrucción.
Mauricio Toledo ha ganado atención este año por la acusación de enviar pandillas a destruir mítines de Morena en Coyoacán, la delegación de la que fue titular (2012-15), que hasta ahora ha sido su feudo personal y que puede perder en las elecciones.
Vecinos independientes y militantes del PRI, PAN, MC, y de grupos rivales del mismo PRD, han señalado que también ellos han sido objeto de violencia física por parte de golpeadores de Toledo.
Pero ya antes ha sido denunciado por extorsión (aunque su secretario particular cuando era delegado, Eduardo Ramírez Vallejo, fue hallado culpable de ese delito en 2013, no se pudo demostrar el involucramiento de su jefe) y de intentar matar al ex diputado Alejandro Robles (quien debió huir a Canadá y además acusa a Toledo de haber ordenado dos asesinatos, los de Óscar Fabila y Manuel Sayavedra).
Tanto Toledo como Leonel Luna forman parte del grupo del ex secretario de gobierno Héctor Serrano, quien a su vez es el principal operador político de Miguel Ángel Mancera.
Formado por René Bejarano, Luna abandonó a su mentor cuando éste cayó en desgracia, y después heredó de su cuñada Leticia Robles Colín el cargo de delegado en Álvaro Obregón (2006), en el que después repetiría (2015).
Podría interesarte: Los delitos que más aumentaron durante la gestión de Miguel Ángel Mancera
Luna ha sido señalado por empresarios y legisladores por extorsión, negocios con construcciones ilegales y violaciones al uso de suelo en esa demarcación, además de enviar a la policía a reprimir a colonos que trataban de proteger su acceso al agua.
Ambos perredistas son candidatos a diputados federales plurinominales de “Por México al Frente”, la coalición en la que hoy coinciden con sus antiguos rivales del PAN. Entre ellos, se encuentra Jorge Romero, el tercer legislador: él ha estado involucrado en la falsificación del padrón de su propio partido y en escándalos por expresiones misóginas y racistas.
Como delegado en Benito Juárez (2012-15), Romero fue acusado de que, durante su gestión, se dio rienda suelta a los desarrolladores inmobiliarios y fueron desatendidas denuncias de personas sobre el mal estado de construcciones que después se derrumbaron en el terremoto del 19-S.
Del total de edificios que se colapsaron en Ciudad de México (38), la tercera parte (13, más que en cualquier otra delegación) cayó en Benito Juárez.
Aun así, con sus colegas Toledo y Luna, “propone” y “aprueba” los recursos para la reconstrucción.
Acepto… lo que me conviene
El sábado, después de la renuncia del comisionado Becerra y de tres subcomisionados, el jefe de gobierno Mancera envió una iniciativa a la Asamblea Legislativa para modificar los dos artículos que han causado el conflicto, el 13 y el 14.
Es una reforma que “llega muy tarde, tardísimo”, lamenta Katia D’Artigues. “Pero al menos que lo arregle”.
Como presidente de la comisión de gobierno, el diputado Leonel Luna tiene amplia capacidad de maniobra para influir en cuándo, cómo y qué finalmente votará el pleno.
De entrada, ha manifestado una disposición favorable a la propuesta. Pero no para aceptarla íntegra. En un comunicado, aceptó cambiar el artículo 14 del decreto en cuestión. El que les permitía asignar 7 mil 754 millones de pesos, los mismos que ya fueron etiquetados.
Nada dice del artículo 13, sobre el fortalecimiento de acciones en dependencias locales en la reconstrucción. Ahí se contemplan otros 7 mil 28 millones de pesos, que faltan por repartir.