¿Eliminar las políticas prohibicionistas del consumo de drogas? ¿Apoyar una Fiscalía independiente? ¿Permitir la intervención de organismos internacionales en la defensa de derechos humanos? ¿Una Comisión de la Verdad?
Cuatro de los cinco candidatos a la Presidencia se enfrentaron a los cuestionamientos de la sociedad civil en materia de seguridad, el principal problema que enfrenta al país.
La realidad de los últimos 12 años —miles de homicidios, feminicidios, desapariciones, desplazamientos forzados, asesinatos extrajudiciales, fosas clandestinas— orilló a las organizaciones y a familiares de víctimas a encarar a los candidatos a la Presidencia para definir qué vendrá para México después de que alguno de ellos sea electo el próximo primero de julio.
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Pero los escenarios no son muy claros, pese a que todos reconocen que la política de seguridad no funciona.
Ricardo Anaya, candidato del Frente (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano), dijo que la legalización de las drogas requiere un análisis serio, no sólo a nivel nacional, sino “a nivel hemisferio” porque no es un problema de un país, sino de una región.

Se postuló por analizar las consecuencias en salud y seguridad con la posible legalización, pero dejó en claro que “no creo que a corto plazo la legalización resuelva el problema”.
El candidato del Frente apoyó la continuidad de la Ley de Seguridad Interior.
Después apareció Andrés Manuel López Obrador, quien recitó un decálogo para resolver los problemas de seguridad del país, fuera de las propuestas comunes como sus juntas de seguridad a las 6 de la mañana y atacar los problemas sociales de fondo para evitar el crecimiento de la inseguridad, se comprometió a fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos con presupuesto suficiente, personal especializado y con la participación de los familiares de las víctimas.
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Sin embargo, el candidato de la alianza Juntos Haremos Historia, fue el único que rechazó la independencia de la Fiscalía Anticorrupción y aseguró que continuará con el modelo de proponer tres candidatos para que el Congreso elija uno.

Apoyó el establecimiento de una Comisión de la Verdad para resolver casos como el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, cuyos padres protestaron afuera del Museo Memoria y Tolerancia durante la realización del evento; así como la intervención de organismos internacionales en materia de seguridad, con la capacidad de perseguir delitos. Aunque hizo un guiño a las organizaciones al invitar abiertamente al padre Solalinde a dirigir la Comisión de Derechos Humanos, en caso de ganar la Presidencia, así como a Javier Sicilia.
Sobre la legalización de las drogas, dijo, lo mandará a consulta.
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El candidato independiente, Jaime Rodríguez Calderón, se negó categóricamente a la legalización de la mariguana. “En mis pies ha caído gente muerta, asesinados por gente que consume droga”, señaló.
Además dijo que “el hijo del rico que tiene dinero para comprarla dice que es recreativa, el hijo del pobre que no tiene dinero roba, mata”.
El Bronco también se postuló a favor de la Ley de Seguridad Interior, de la Comisión de la Verdad y de la intervención de organismos internacionales.

Mientras que el priísta, José Antonio Meade, dijo que habría que analizar ejemplos como el de Países Bajos, Portugal y Uruguay para ver qué utilidad puede tener la legalización de las drogas en México.
Aunque señaló que el tema de la legalización de la mariguana no está relacionado con la violencia en el país.
Insistió en la necesidad de tener un Código Penal Único y rechazó la intervención de organismos internacionales en la política de seguridad de México. “México tiene la capacidad de construir sus propias instituciones”, señaló.

La única ausente fue Margarita Zavala, candidata independiente y esposa del ex presidente Felipe Calderón, quien le declaró la guerra al narcotráfico en 2006.
Mi compromiso con las víctimas, sus familias y las organizaciones sociales es total. Lamentablemente cuando me confirmaron la hora y lugar del evento de hoy, yo ya tenía agendado otro evento de educación que no pude cambiar. https://t.co/AD3IEDwG7q
— Margarita Zavala (@Mzavalagc) 8 de mayo de 2018
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Las organizaciones de la sociedad civil, al contrario, se postularon por la cancelación definitiva de la Ley de Seguridad Interior, así como la eliminación de políticas prohibicionistas sobre el consumo de drogas, en cambio apuestan por redefinir la misión del Estado en materia de drogas, sin prejuicios.