Los periodistas tienen un grado de responsabilidad ante la violencia y deben evitar arriesgar su vida por conseguir información, estima Balbina Flores, representante en México de Reporteros sin Fronteras.
“En situaciones de violencia los periodistas deben de ser responsables con las coberturas informativas. Hay una responsabilidad compartida, la primera es (que) garantizar el trabajo periodístico es una responsabilidad del Estado, la segunda responsabilidad es de las instancias de protección y de las encargadas de investigar.
«Pero también hay una responsabilidad muy personal, que es la responsabilidad del periodistas. Con esto no quiero decir que asuma la responsabilidad de su propia seguridad, sino que en un país en estas condiciones las y los periodistas deben ser mucho más profesionales en las coberturas informativas, es decir no se pueden jugar la vida por una nota informativa”, asegura.
La activista recalca que existe un problema de voluntad política, porque los responsables de agredir a los comunicadores no son sentenciados.
“Hay una fijación de impunidad que ha venido acompañada de esta situación de violencia que hay(en) diferentes entidades del país. Los periodistas no están exentos de esta violencia, pero para los periodistas que desempeñan una labor informativa es más difícil porque están en la calle y son testigos de violencia”, apuntó Flores.
2017: el desborde
Gumaro Pérez fue asesinado en frente de su hijo.
Un grupo armado entró hasta un salón de la primaria Rafael Aguirre Cinta, donde Pérez disfrutaba de un festival navideño. Frente a alumnos, padres y maestros, el grupo delictivo accionó sus armas contra el periodista de 35 años, quien falleció al momento.
Su muerte lo convirtió en el periodista número 39 asesinado durante la gestión de Enrique Peña Nieto y en el duodécimo del 2017, el año más letal para los comunicadores en el país en lo que va del siglo XXI.
Una de las líneas de investigación del asesinato de periodistas es el tipo de coberturas que hacen: la mayoría de las víctimas escribía sobre temas molestos para figuras de gobierno y el crimen organizado. Temas como narcotráfico, delincuencia, corrupción y colusión de funcionarios públicos dentro de agrupaciones criminales.
Para evitar ponerse en riesgo, algunos periodsitas han tenido que abandonar sus investigaciones, dejar la profesión o exiliarse en otros países, por miedo.
Organizaciones consultadas por República 32 debaten si los reporteros deben cuidar su propia integridad mediante la moderación de la información que cubren o, frontalmente, evitar escribir de temas controversiales para proteger su integridad.
A Miroslava Breach la asesinó un grupo armado afuera de su casa: su camioneta fue impactada por ocho balas que le quitaron la vida en marzo de 2017.
Breach escribía para La Jornada sobre corrupción política y violaciones de derechos humanos como agresiones a comunidades indígenas y desplazados por el narcotráfico.
La reportera evidenció inclusive que varios aspirantes a alcaldías en Chihuahua habían sido impuestos por capos locales. Las autoridades estatales señalaron como presuntos responsables del asesinato a grupos delictivos.
Del mismo modo que las mujeres son incriminadas por usar falda, salir solas de noche o beber alcohol, los periodistas sufren una acusación similar: se les culpa de seguir la información.
Objetivos de la violencia
Aunque los periodistas son asesinados en un contexto en el que miles de personas mueren por la agresión de grupos delictivos, por lo que podría pensarse en daños colaterales, la muerte o agresión contra periodistas presentan sus propias dinámicas y factores, asegura Leopoldo Maldonado, de la organización Artículo 19.
“Tiene sus propias características la violencia contra la prensa y es que no se visibilice ni la corrupción ni las violaciones graves contra derechos humanos, ni la colusión de autoridades con el crimen organizado”, dice.
Estudios de la organización defensora de la libertad de expresión coinciden en que los reporteros desaparecidos, agredidos o asesinados cubren temas de seguridad y justicia en contextos donde las condiciones de violencia llevan al límite el riesgo de los periodistas.
“En las condiciones del país no podemos decir ‘no importa, por la nota dalo todo hasta la propia vida’, pues sería muy absurdo e irresponsable, pero aquí lo que hay que ver es que no están las condiciones porque el estado no ha generado estas condiciones”, afirma Maldonado.
A pesar de esto, la autocensura no debería estimarse como una medida de autoprotección, considera el activista.
“La autocensura se está dando, están creciendo las zonas de silencio. No debería ser una opción que los periodistas tengan que desplazarse y salir de sus comunidades y dejen de trabajar y ser una voz crítica en sus lugares de origen”, opina.
Tan grave como un país en guerra
Un informe presentado por la organización Reporteros sin Fronteros posiciona a México como el lugar más mortífero en el mundo para los periodistas, en el mismo nivel que Siria, un país en guerra.
En ambas naciones 12 periodistas fueron asesinados durante 2017, seguidas de Afganistán, con nueve, e Irak, con ocho víctimas.
“La mayoría de las agresiones cometidas contra periodistas son por gente de Estado, me refiero a los tres niveles de gobierno, sobre todo los niveles estatales y municipal.
«Si a eso aunamos que hay nulas investigaciones efectivas y tenemos un nivel de impunidad casi absoluta, encontramos una de las mayores razones para acallar a los periodistas, nos damos cuenta que el Estado está mandando un mensaje de que esto puede pasar sin consecuencias”, considera Maldonado.
Asegura que en el mejor de los casos se enjuicia a los autores materiales, a quienes cometieron el crimen, pero nunca a los autores intelectuales: quienes planearon y mandaron ejecutar a la víctima.
Legislaciones ineficaces
En los últimos 12 años se han reforzado los mecanismos y legislaciones para evitar las agresiones contra la prensa; pero pese al aumento de la burocracia, hay más periodistas muertos.
“Medidas de protección hay, que estas medidas no estén funcionando o no han sido eficaces es otra cosa”, dice Balbina Flores.
Artículo 19 contabiliza que desde el año 2000 han sido asesinados 112 periodistas; 23 en el sexenio de Fox; 47 con Calderón y 39 en el gobierno de Peña Nieto.
Además en el país hay otros 23 reporteros desaparecidos.
Los especialistas encuentran una sobrerregulación en el país, pero no un trabajo de coordinación con todas las instituciones, tarea que debería englobar a la Comisión Nacional de Seguridad, la PGR, Segob, la Cancillería y organismos autónomos como la CDNDH. Todo sumado a la coordinación entre la Federación y los estados.
“El problema es que el ejercicio del día a día de estas facultades que tienen las autoridades es sumamente deficiente, no hay una política bien construida, no hay una política integral de protección a periodistas”, sentencia Maldonado.