La violencia no respeta nombres ni colores. Los aspirantes a ocupar cargos públicos en 2018 deberán atender especialmente el desarrollo del proceso electoral en los llamados focos rojos del país.
Al menos siete estados fueron identificados por la Fepade como las zonas con mayor riesgo para llevar a cabo elecciones este 2018: Guerrero, Colima, Sinaloa, Morelos, Zacatecas, Nuevo León y Michoacán.
Esos estados concentran los mayores índices de incidencia delictiva del 2017, junto con Chihuahua, Baja California y Baja California Sur.
Además, Villahermosa, Ecatepec, Chilpancingo, Reynosa, Coatzacoalcos, Zacatecas, Uruapan, Fresnillo y Tapachula son las urbes donde se percibe mayor inseguridad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2017 del Inegi.
El asesinato de Arturo Gómez Pérez, edil de Petatlán, Guerrero, perpetrado el 29 de diciembre, alerta sobre la necesidad de que autoridades federales no descuiden la seguridad en los estados con mayor incidencia delictiva.
De acuerdo con el último estudio del Instituto para la Economía y la Paz en México, la Federación ha utilizado 3.7 billones de pesos en programas de seguridad, cifra equivalente al 18 por ciento del Producto Interno Bruto del país y que implica un aporte de 25 mil pesos por cada mexicano.
“La elección (de 2018), que es considerada la más grande en México, estará bajo la lupa y no solamente por los actos de corrupción, sino por los ataques que se han dado y ocurrirán contra personajes políticos, han pasado escenas donde el conteo de alcaldes, ex alcaldes, secretarios de seguridad pública, regidores y funcionarios locales son los blancos fáciles.
“También hay que recordar que los candidatos que hagan recorridos por Guerrero, Michoacán, Sinaloa y algunos otros estados del norte, serán de altísimo riesgo, hemos visto este parámetro de forma constante y el aumento de estos actos sigue en aumento, por lo que el Gobierno federal deberá preparar algún plan específico para que no veamos más ataques”, comentó Martín Íñiguez, especialista en temas de seguridad nacional de la UNAM.
La tragedia de ser alcalde en México
De acuerdo con la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), al menos 23 alcaldes han sido ejecutados en funciones en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, mientras que en los últimos once años han sido asesinados 109 ediles, ex ediles y alcaldes electos.
Los asesinatos han ocurrido principalmente en lugares dominados por el narcotráfico y el crimen organizado, detalló la ANAC.
La constante es que las víctimas son interceptadas en la carretera y baleados en sus automóviles, o bien mueren secuestrados, torturados y hasta calcinados.
Entre 1995 y 2014 ocurrieron 494 ataques de grupos del crimen organizado e integrantes de cárteles de la droga contra autoridades, candidatos y activistas políticos municipales, con el 90 por ciento de los casos concentrado en el periodo de 2007 a 2014.
El 53 por ciento de las veces los ataques terminaron en homicidios.
Según investigaciones de la PGR y de las fiscalías estatales, las agresiones buscan restablecer y hacer respetar las zonas de trasiego y venta de droga que operan los cárteles y sus células locales.
Las indagatorias también han identificado a autores materiales de lso asesinatos: principalmente caciques locales e integrantes del crimen organizado que perpetran venganzas políticas o personales.
La mayoría de carpetas de investigación siguen abiertas porque no se han esclarecido los móviles de manera total.
“El reto de las autoridades será el de proteger, además de la elección y a la ciudadanía, a los candidatos y sus equipos, ya que la violencia aumenta debido a la pasividad de las policías estatales y a que la Federación no les ha impuesto responsabilidades para restablecer el orden público, estos son ahora los resultados”, agregó el especialista.