La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México, Jan Jarab, reprobó el crimen de tortura por parte de las autoridades mexicanas para conseguir confesiones o declaraciones en la investigación de delitos.
En la víspera del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, Jarab afirmó que resulta inadmisible “que a causa de la tortura una persona confiese haber cometido un delito no significa haber probado su culpabilidad, significa haber vencido su capacidad para resistir el dolor. Resultan anacrónicas y reprobables las expresiones públicas que aceptan las confesiones extraídas mediante tortura y con base en ellas dan por hecho la culpabilidad de un delito a quienes la han sufrido”.
Según el comunicado publicado este lunes 25 de junio en la página oficial del organismo, citando la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad de 2016 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística: “46 por ciento del total de personas que declararon ante el Ministerio Público tras su detención dijeron haber recibido algún tipo de amenaza o agresión para dar otra versión de los hechos”.
“Las autoridades deben excluir todas las pruebas obtenidas mediante tortura u otros malos tratos. Son pruebas inválidas. La tortura no hace a una persona culpable o inocente de un delito, la hace víctima de un delito.
“La privación de la libertad de cualquier persona debe descansar exclusivamente en la existencia de evidencias suficientes, obtenidas de manera legal y que acrediten su responsabilidad en estricto apego al principio de presunción de inocencia.
“Además, la carga de probar dicha responsabilidad corresponde al Estado, que se debe sujetar siempre a lo que dicta la ley”, afirmó Jarab en el documento.
Otra organización que denunció protocolos deficientes para frenar la tortura en México fue la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) quien ayer declaró en un comunicado que, a un año de haberse promulgado la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, no ha disminuido este crimen en México.
Este grupo acusa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia de tener consideraciones que sigan manteniendo la práctica de la tortura como, por ejemplo, que “no es necesario reponer un proceso penal donde la persona sentenciada afirma que su condena se basó en evidencias fabricadas bajo tortura, salvo que exista autoincriminación (normalmente una confesión)”, lo que deja abierta la posibilidad de usar otras declaraciones obtenidas bajo tortura pero que no sean confesiones, es decir, entre personas que se inculpen mutuamente.
La CMDPDH también acusa a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia por un nuevo Protocolo Homologado que evitaría que un caso de tortura fuera directamente a la Fiscalía Especializada correspondiente, y enviaría la denuncia de tortura a una especie de “pre-investigación” por parte del agente del Ministerio Público, lo que estaría poniendo sin duda a la institución como juez y parte.
A principios de este año, Amnistía Internacional publicó el Informe 2017/2018. La situación de los derechos humanos en el mundo, donde refiere que la tortura en México por parte de las autoridades es sistemática.
“En febrero, el relator especial de la ONU sobre la tortura hizo público un informe de seguimiento a una visita anterior a México, realizada en 2014. En él concluyó que la tortura y otros malos tratos seguían siendo generalizados e incluían un uso alarmante de la violencia sexual como método de tortura frecuente.
En el informe se consigna que “la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura de la Procuraduría General de la República reportó 4.390 casos de tortura en revisión a nivel federal e inició 777 investigaciones según el nuevo sistema de justicia adversarial”.
En 2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en conjunto con la ONU-DH publicaron el informe La tortura en México: una mirada desde los organismos del sistema de Naciones Unidas, en el que se advierte que es muy difícil llevar un conteo fidedigno de las víctimas de tortura en el país.
Esto se debe a la falta de un registro nacional de casos y a que muchas víctimas no denuncian por miedo a represalias por parte de las autoridades.
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