En Veracruz, los narcotraficantes no actúan solos, son apoyados por agentes del Estado.
En marzo de 2016, durante la administración del ex gobernador Javier Duarte, un grupo de presuntos narcotraficantes del cártel de “Los Zetas”, secuestraron a tres jóvenes en Papantla, Veracruz.
De acuerdo con la recomendación 6VG/2017 de la CNDH, después de ser raptados, fueron entregados por policías municipales, servidores públicos de la Fiscalía General de Veracruz y del DIF estatal. Los policías municipales detuvieron a los tres jóvenes por circular en un auto que había sido reportado por robo; en lugar de remitirlos a la Fiscalía, fueron entregados a miembros del narcotráfico.
Los miembros del crimen organizado trasladaron a los detenidos al rancho La Isla, donde los asesinaron y disolvieron sus cuerpos en ácido y combustible, de acuerdo con la recomendación publicada en octubre de 2017.
El modus operandi se repitió varias ocasiones en Veracruz. La policía de “élite”, perteneciente de la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de Javier Duarte tenía a personas de las que no quedaba huella, de acuerdo con la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas no Localizadas.
Algunos policías municipales, incluso prestaban a miembros de la delincuencia organizada sus uniformes oficiales para hacer detenciones arbitrarias de civiles.
El estado de Veracruz es la cuarta entidad con más casos de desaparición forzada registrados en los últimos diez años; de estos están implicados miembros del ejército, fiscalía y hasta el ex gobernador.
Desde 2007 hay registro de 339 denuncias por desaparición forzada a nivel nacional, donde autoridades han sido señaladas como responsables de detenciones arbitrarias, tratos inhumanos y retenciones ilegales, de acuerdo con información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos obtenida vía ley de transparencia.
El 60 por ciento de las desapariciones forzadas que ocurren en México son originadas en seis estados de la república.
Las autoridades responsables
La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene el registro de 339 casos de desaparición forzada del 2007 al 2017, por cada uno de ellos hay más de una autoridad señalada como responsable del agravio.
La Secretaría de la Defensa ocupa el primer lugar en presunta culpabilidad por 179 denuncias contra militares; le sigue la Secretaría de Marina por 91 hechos violatorios de personal naval. En tercer lugar, está la Policía Federal con 51 denuncias y la PGR con 46.
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Otras autoridades señaladas como responsables son la SEGOB, fiscalías locales, ayuntamientos e incluso se señala como responsables a ex gobernadores.
Los gobernadores implicados
En seis denuncias ante la CNDH se señala como responsables de desaparición forzada a cinco ex gobernadores, cuatro de ellos con afiliación priísta y dos abanderados por el PRD.
- Ulises Ruiz Ortiz – ex gobernador de Oaxaca por el PRI
Hay registro de dos denuncias donde su señala su responsabilidad, una de agosto2007y otra por un hecho ocurrido en abril 2010
- Carlos Zeferino Torreblanca Galindo – ex gobernador de Guerrero por el PRD
El perredista fue denunciado en febrero 2009, por un hecho ocurrido en el municipio de Ayutla de los Libres.
- José Reyes Baeza – ex gobernador de Chihuahua por el PRI
Por entorpecer las investigaciones y detención arbitraria, el gobernador fue denunciado en enero del 2010.
- Juan Sabines Guerrero – ex gobernador de Chiapas por el PRD
El predecesor de Manuel Velasco fue denunciado ante la CNDH en enero 2010
- Javier Duarte – ex gobernador de Veracruz por el PRI
Pese a que hay más señalamientos en su contra, la CNDH sólo tiene el registro de una denuncia directa en contra del gobernador por desaparición forzada en marzo 2016
Sexenio de Calderón, el reino de las desapariciones forzadas
Durante el sexenio de Felipe Calderón denunciados 279 casos de desaparición forzada, mientras que con Enrique Peña Nieto la incidencia disminuyó en 64 por ciento, al denunciarse 89 casos los primeros cinco años de gobierno del mexiquense.
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El año pasado fue el de mayor número de denuncias de la presente administración. Hay registro de 21 denuncias ante la CNDH, de los cuales siete ocurrieron en Veracruz.
Seis estados concentran el 60 por ciento de los casos por desaparición forzada denunciados ante la CNDH: Tamaulipas (50), Chihuahua (43), Michoacán (40), Coahuila (33), Veracruz (37), Guerrero (26).
De estos sólo Coahuila y Guerrero tienen una ley específica en materia de desaparición forzada.
El Observatorio Nacional Ciudadano señala en su más reciente informe que pese a los avances legislativos, como la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; aún hay carencias y desinterés de las autoridades para erradicar la problemática.