En diciembre del año pasado el Senado de la República aprobó el proyecto de Ley General de Biodiversidad, presentado por la senadora del Partido Verde, Ninfa Salinas –hija de Ricardo Salinas, dueño de TV Azteca–.
De ahí, el proyecto pasó a la Cámara de Diputados, en donde se analizará antes de ser discutido y posiblemente aprobado por la comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Comarnat).
Sin embargo, antes de su aprobación esta ley ya generó críticas por parte de diferentes organizaciones no gubernamentales, quienes acusan que el proyecto tiene varias inconsistencias y que incluso hay un conflicto de interés en ella.
Con esta nueva ley se unificarían la Ley General de Vida Silvestre y la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Animal, lo que abrirá la puerta a diferentes irregularidades:
- Viola el artículo 2 de la Constitución el cual garantiza que las comunidades indígenas son las encargadas de decidir sobre lo que pasa en los territorios que habitan, en su mayoría Áreas Naturales Protegidas (ANP).
- No prohíbe textualmente las actividades mineras en las ANP, por lo que existe un vacío que podría ser aprovechado por empresas privadas.
- Podría darse un conflicto de interés, ya que la senadora que presentó el proyecto, Ninfa Salinas, es presidenta de la empresa Grupo Dragón, que agrupa a una serie de empresas encargadas, entre otras cosas, de generar energía y monitoreo de plantas de energía eléctrica, entre otras cosas. Ella también es directiva del Grupo Salinas, el cual tiene diferentes proyectos de minería en Chiapas.
¿Cómo contradice esta nueva ley a los intereses de las comunidades?
Según el acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en el artículo sexto, las medidas legislativas o administrativas que puedan afectar a los pueblos o comunidades indígenas tienen que ser consultadas.
Además, la Ley Forestal, en su artículo 134 bis, dice que los ejidos, comunidades y pueblos indígenas deberán ser sujetos de la salvaguarda de los recursos naturales.
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La Ley Forestal señala que “el dueño del terreno también es el dueño de la vegetación y de los servicios”, por lo que al momento de que la ley desconoce dichos derechos “el gobierno podría concesionar los mismos a terceros, y los pueblos indígenas estarían en desventaja”, aseguró Gustavo Sánchez, integrante de la Coalición Ciudadana ante la Ley General de Biodiversidad, quienes han criticado el proyecto de Salinas.
¿Qué otras afectaciones traerá la ley?
La ley aprobada fast track en el Senado, que ahora está en discusión en la Cámara de Diputados, tiene otras implicaciones:
- Favorece la explotación de los recursos naturales en Áreas Naturales Protegidas.
- Permite que se realicen obras de infraestructura como presas, puertos, líneas de transmisión eléctrica y gasoductos.
- Priorizarán los intereses de empresarios al darles la oportunidad de explotación minera en 182 ANP.
- Deja sin protección los recursos genéticos, los cuales según el Convenio sobre la Diversidad Biológica, son todos aquellos de origen vegetal, animal o microbiano.
¿Cuál es la exigencia?
La Consulta libre, previa e informada, “es el más alto estándar que existe en materia de consulta” y forma parte del marco jurídico mexicano, explicó el integrante de la Coalición Ciudadana, por lo que los legisladores, el poder Ejecutivo y prácticamente todos están obligados a observarlo.
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“Considerando que las comunidades y los pueblos indígenas, en muchas ocasiones, están en desventaja respecto al resto de la población, podrían no darse cuenta que se está tomando una medida legislativa que representa repercusiones directas en su territorio y todos ellos estarían en estado de indefensión”, por lo que se tendría que contactar a la representación de estos pueblos indígenas para que conozcan de primera mano lo que se implementará y que ellos mismos decidan si participan o no en la discusión.
De decidir unirse a la discusión, se les tendría que proporcionar la información en términos accesibles y en algunos casos en sus respectivos lenguajes maternos “y se les deberá dar un tiempo para deliberar, de acuerdo con sus usos y costumbres, y finalmente se tendría que llegar a una mesa de trabajo” en la que decidan si otorgan o no su permiso.
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