Este 2018 será la primera vez que Ana Laura López puede votar en México desde hace 17 años. Pero decidió, junto con los integrantes de Deportados Unidos en la Lucha, el colectivo que encabeza, que no lo hará hasta que haya un candidato que voltee a ver el tema migratorio más allá de un discurso.
“Hasta que no veamos un candidato que hable del tema, que quiera intentar proteger a los ciudadanos aquí o allá, que le importe la separación de las familias, las violaciones a derechos humanos en el proceso de detención, no vamos a votar», dijo la jalisciense Ana Laura, madre de Ángel (16) y Danny (14), quien fue deportada tras 16 años de vivir en Estados Unidos. Sus hijos siguen allá.
«Vamos a llamar a los demás migrantes, porque somos muchos, a no votar”.
Para López no ha habido una administración mexicana preocupada por el tema, un gobierno que ataque la problemática de fondo o que apoye a quienes retornan al país, a un año de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, quien casi a diario amenaza a la población migrante de origen hispano y musulmán con deportaciones masivas.
De acuerdo con el Centro para Estudios de Inmigración, en 2016 había 43.7 millones de migrantes en el país que gobierna Trump.
Ellos, los retornados, no son la imagen del dreamer que maneja el gobierno mexicano. Son personas que, regularmente, tienen más de 35 años, que no dominan el inglés porque se han dedicado a trabajar para sacar adelante a sus familias en lugar de incrementar su grado de estudios. Algunos incluso son analfabetas.
Ahí, en esa lista, está Jorge, un joven de 35 años con la mirada triste que llegó hace una semana a la Ciudad de México.
Cuando fue deportado, como sus otros 149 compañeros de vuelo, viajó esposado y con sus cosas en un costal. Entró por la puerta «N» del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, directo a su nueva realidad.
“Cuando Trump quería ser presidente dijo que iba a sacar a los que vendían drogas, a los que robaban, a los que habían cometido delitos», dijo Jorge, quien con sus ojos negros y cejas pobladas, hoy vuelve a conocer México, tras ocho años de vivir en Washington.
«Yo nunca me miré de ese lado, nunca me miré en una lista de esas. Está agarrando parejo”.
“¿Conoces a esta persona?”, le dijo un policía que lo detuvo en la calle, rumbo a su trabajo en una lechería.
En la pantalla del celular estaba él, dice que parecía una de las fotos que puso en su Facebook y sintió miedo. “No, no lo conozco”, respondió y el policía lo detuvo para luego llevarlo directo a un centro de detención para migrantes.
Su caso se parece al de Adán Jácome, de 45 años, uno de los 2.8 millones de migrantes deportados en la administración de Barack Obama; también es parte del 47 por ciento que no tenía ningún antecedente penal.
Adán manejaba rumbo a su trabajo, en una empresa de limusinas, cuando un policía le pidió la licencia. Al no tener la documentación fue arrestado, pero en vez de llevarlo al área penal correspondiente, lo condujeron a Migración también.
Los tres coinciden en que es momento de que el gobierno mexicano tome cartas en el tema de las deportaciones masivas y que haga valer los derechos de sus ciudadanos.
«Quiero volver a ver a mi familia, quiero no temer por mi familia. Este es un año clave para todos y necesitamos acciones a la de ya», dice Jácome, quien aún anhela el sueño americano, junto con volver a reunirse con su hija y su esposa, que se quedaron del otro lado.