228 personas fallecidas en la Ciudad de México. 9 inmuebles colapsados. 5 mil 765 viviendas dañadas. 7 mil familias sin hogar. La espera de la reconstrucción de una ciudad, de miles de vidas.
A pesar de la brutalidad de los números y a casi ocho meses del sismo del 19 de septiembre, la prioridad del Gobierno de la Ciudad de México es crear un memorial para las víctimas.
Por eso familiares de víctimas, damnificados y organizaciones de la sociedad civil exigen que, antes que un memorial, se privilegie la reconstrucción de la ciudad, el acceso a la justicia, a la vivienda digna y segura y, el respeto a los derechos de los afectados.
El Parque Memorial 19-S “es un proyecto para premiar la ignominia y la corrupción”, dice Sergio González, vecino de la colonia Juárez.
La propuesta para crear este espacio fue anunciado el 28 de marzo pasado por el entonces jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, hoy aspirante al Senado por el PAN.
En un salón del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Mancera dijo que se construiría en el predio de Álvaro Obregón 286, colonia Hipódromo, el edificio de oficinas que albergó a la mayor cantidad de víctimas mortales de la ciudad: 49 personas perdieron la vida entre los escombros.
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El “programa arquitectónico” contempla una plaza pública, un memorial, un salón de usos múltiples, una galería, un aula de capacitación, un centro de información digital y un área de servicios, que contempla —según organizaciones de la sociedad civil— una cafetería que será concesionada a un privado.
El proyecto costará 14 millones de pesos, aunque el Gobierno de la CDMX pagó otros 46 millones a la Inmobiliaria Álvaro Obregón para expropiarle el terreno.
“Esa cantidad es la misma que el dueño tiene que pagar a las víctimas porque él sabía que este edificio estaba en riesgo desde 1997 y lo va a pagar con recursos públicos”, acusa Sergio García, arquitecto forense.
Según el activista, el interés por la realización del proyecto sólo refuerza que el Gobierno de la Ciudad tiene una falla de conceptualización, cuando en la ciudad hay miles de familias sin hogar, sin justicia, y millones de personas que habitan en una zona sísmica que no tiene protocolos de prevención.
La contrapropuesta, explican, es crear un memorial activo y ciudadano, que no tenga concesiones y que sirva como espacio para trabajar en la reconstrucción, en la capacitación de brigadistas, que funja como centro de acopio y de trabajo para la prevención de desastres.
Pero sobre todo, que incluya a las víctimas en su planeación, pues el proyecto fue abierto a concurso y el ganador será electo por un jurado el 11 de mayo.
Damnificados de la corrupción
María Teresa Lira y María Elena Sánchez murieron en Bolívar 168, en el edificio que albergaba la empresa donde trabajaron los últimos nueve y seis años, respectivamente, Seo Young.
El edificio de la esquina de Chimalpopoca, denuncia Fernando Sánchez, estaba boletinado desde 1985 y aunque le redujeron el número de pisos después del terremoto, de siete a cuatro, no tenía las medidas de seguridad correspondientes y la autoridad jamás vigiló que todo estuviera en orden.
Desde que rescataron los cuerpos de su madre y hermana, lleva un proceso legal contra los dueños del inmueble por la irresponsabilidad de no reforzar el edificio y también contra los dueños de la empresa que nunca aseguraron a su madre, pese a la antigüedad en la empresa.
También hay una carpeta de investigación contra los directores de obra por sus omisiones.
A casi ocho meses de la tragedia en ningún ámbito hay avances. “Sé que esto apenas va empezando, pero no me voy a cansar de pedir justicia”.
Para él, el proyecto del memorial es una forma de aparentar que se apoya a las víctimas, cuando en la realidad hay miles de personas que no pueden regresar a sus casas porque no tienen la certeza de que es seguro, que perdieron todo, que perdieron a un ser querido, como él, y que no ven la forma en que pueda haber justicia.
“No hay damnificados del sismo, hay damnificados de la corrupción”, refuerza Sergio García.
Lo apoya Rebeca Moreno, coordinadora del colectivo Ciudadanía 19S, quien desde el sismo ha dado seguimiento a los casos de afectados donde han podido identificar varias violaciones que mantienen a los afectados en una situación de vulnerabilidad.
Entre las prácticas comunes está la violación al debido proceso, la existencia de edificios con dictámenes contradictorios, acceso desigual al apoyo, dificultades para recuperar los documentos perdidos, no hay mecanismos para quejarse de las omisiones, niños que no pueden regresar a la escuela, así como la violación al derecho a la vivienda y a una ciudad segura.
Pero, lo más preocupante, es que se está regresando a construir en zonas donde ya no está permitido hacerlo por los riesgos del terreno.
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Por ello, además de la exigencia de crear un espacio comunitario de trabajo, en vez de un memorial como los que abundan en la ciudad, quieren que los recursos públicos se enfoquen en la reconstrucción y en la instauración de un Comité de la Verdad que trabaje en la planeación de una ciudad segura, la reconstrucción y la búsqueda de la justicia: que se investiguen a los responsables de los daños, autoridades y particulares.
Para Sergio González si se crea este espacio tendrá que fungir como el lugar donde se traza la ruta de la futura prevención. “No queremos monumentos de todo, no queremos la banalización de la tragedia”.
En este debate del ser y no ser del memorial, de la elección del proyecto que homenajeará a las víctimas, del uso de recursos públicos para crear el espacio, aún hay miles de familias en espera de apoyo, de un camino que las ayude a retomar sus vidas.
A casi ocho meses de la tragedia la ciudad no se recupera.
Como reza una frase pintada en la valla de madera que rodea al terreno de Álvaro Obregón 186: “Mientras haya personas afuera de sus casas, la emergencia continúa”.
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