En el mapeo de riesgo se utilizan diferentes metodologías, además de factores históricos y sociodemográficos.
Los estados del país en donde se prevé que se cometan más delitos electorales durante el proceso electoral del próximo 1 de julio son: Quintana Roo, Veracruz, Guerrero y el Estado de México, de acuerdo con Héctor Marcos Díaz Santana, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
Debido a esto, adelantó que la Fiscalía está elaborando un mapa de riesgos para las próximas elecciones para estar prevenidos en los comicios de 2018 considerados por le Instituto Nacional Electoral como los más grandes, complejos y caros de la historia de México en los que se disputarán un total de 3,406 puestos, 629 federales y 2,777 cargos locales.
Para llevar a cabo este mapeo de datos se utilizan diferentes metodologías, además de factores históricos y sociodemográficos basados en informes de los cuerpos de seguridad tanto estatales como municipales.
El titular de la Fepade comentó que más allá de los delitos electorales, existen factores que se combinan, como el uso inadecuado del Registro Nacional de Electores, por lo que la incidencia delictiva suele ser alta.
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“El número de elementos que vamos a desplegar va a depender del mapa de riesgos que elaboremos; quiero decirles que esta es una actividad que realizaremos de manera conjunta las autoridades de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y la Procuraduría General de la República para sedes y subsedes de dependencia federal”, dijo Díaz Santana.
Hasta el momento, dijo el funcionario, no se han documentado delitos relacionados con las elecciones desde que comenzó la precamapaña hasta la intercampaña.
Todo lo anterior fue declarado por Santana después de asistir a un evento en Culiacán, Sinaloa, a donde acudió a firmar un convenio en el que el gobierno del estado se comprometía a “blindar” las elecciones.
Dijo que ese tipo de acuerdos ayudan a establecer responsabilidades públicas entre autoridades municipales y estatales realicen actividades de seguridad que evitarán anomalías electorales y que se favorezca con recursos públicos a ciertos partidos o candidatos, particularmente con programas sociales.