“Son grandes y graves los problemas nacionales y será mucho lo que tendremos que hacer para lograr el renacimiento de México”, dijo Andrés Manuel López Obrador el 12 de diciembre de 2017, el día que coincidentemente se festeja a la Virgen de Guadalupe, el mismo día que se registró como precandidato a la presidencia por el partido que fundó: Morena.
En esa ocasión mostró su decálogo, los 10 puntos base con los que trabajaría en caso de triunfar el 1 de julio. En dos de ellos deja ver al AMLO de “primero los pobres”, el que gobernó al todavía Distrito Federal en los 2000, y con los que promete implementar programas sociales corregidos y aumentados.
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En esta ocasión ya no son sólo los adultos mayores los que recibirán apoyos económicos, también las personas pobres con discapacidad, los estudiantes de bachillerato, los universitarios y hasta los ninis.
Un estimado de 252 mil 733 millones de pesos anualmente se necesitarían para que los planes de AMLO se hagan realidad.
Pero la pregunta que queda en el aire es: ¿nos alcanza para cubrir las promesas del Peje?
En palabras de López Obrador: sí, a partir del combate a la corrupción.
“Vamos a reunir (el dinero) por no permitir la corrupción y por no ejercer un gobierno con lujos, un gobierno con gastos superfluos, con derroche: con todo ese dinero que vamos a ahorrar desde el primer año, que yo calculo pueden ser 800 mil millones a un billón, eso es lo que vamos a disponer entrando”, prometió en enero, cuando estaba de gira en Álamo, Veracruz.
No es la primera vez que López Obrador traza un plan parecido. En 2016 ya había dicho que se recortarían los privilegios de los altos funcionarios públicos, lo cual estimaba redundaría en un ahorro de 300 mil millones de pesos, mientras que por concepto de combate a la corrupción conseguiría otros 500 mil.
Dinero para los adultos mayores
El programa estrella que implementó cuando fue jefe de gobierno, el de la pensión para adultos mayores, se guiará por las mismas reglas con las que opera en la Ciudad de México: la mitad de un salario mínimo mes con mes y será universal, promete el abanderado presidencial.
Eso significa que pensionaría a los poco más de 9 millones de personas de 65+ que viven en México, según estimaciones de la Secretaría de Desarrollo Social, con un monto de $1,325 al mes. Esta pensión ampliaría a la que actualmente ejerce el gobierno federal, que otorga solamente 580 pesos mensuales.
Lo que necesitaría Andrés Manuel son 144 mil 733 millones de pesos anuales sólo para este proyecto, que supera el presupuesto que tiene asignado la Sedesol en todo 2018.
Un monto que se traduce en 9 veces lo que el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, le robó al estado entre 2015 y 2016, según lo que reveló la investigación de Los piratas de Borge.
Pensión para ninis y discapacitados
Andrés Manuel mencionó que habría una pensión similar para los pobres con discapacidad, que, según estima el Coneval, son 4 millones 131 mil personas, de las que el 22 por ciento vive en pobreza extrema.
Su otra propuesta es apoyar a los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Bajo el esquema “becarios sí, sicarios no”, López Obrador quiere capacitar a 2 millones 300 mil jóvenes en el trabajo, a partir de talleres y pasantías en empresas, comercios y actividades productivas del campo y la ciudad.
“El Estado no se olvidará de los jóvenes nunca más”, recalcó en el discurso que pronunció como precandidato presidencial.
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El costo de esta propuesta asciende a 99 mil 360 millones de pesos anuales, el doble del presupuesto que tiene la UNAM para este 2018, la misma casa de estudios que rechaza a unos 130 mil jóvenes año tras año.
Con ese presupuesto se podría taponear 83 veces el desfalco del priísta César Duarte en Chihuahua, estimado en mil 200 millones de pesos.
Apoyos para universitarios y bachilleres
Por último, el tabasqueño planea apoyar a 300 mil estudiantes de bachillerato y universitarios de escasos recursos con una beca de 2 mil 400 pesos mensuales.
Para ello, necesitaría 8 mil 640 millones de pesos al año, el equivalente a comprar 100 Casas Blancas como la que adquirieron Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, de acuerdo con la investigación de Aristegui Noticias publicada en 2014.
Si la promesa del combate a la corrupción y el modelo de gobierno austero resultan efectivos, podrían costearse estos apoyos para los sectores vulnerables.
AMLO apuesta por las becas y las pensiones por encima de seguir derrochando en historias de desfalcos estatales y compras de casas millonarias, ¿le alcanzarían seis años para fiscalizar el dinero de la corrupción y transformarlo en beneficios sociales?