Pesaba 73 kilos cuando llegó a la Escuela Normal de Ayotzinapa. No habían pasado ni cinco meses y ya pesaba 47. No comía, no dormía, fumaba todo el tiempo. Sólo quería encontrar a su hijo, un aspirante a maestro rural. Dice que se sentaba a fumar, a pensar qué podía hacer para encontrarlo.
En septiembre de 2014 su hijo desapareció, junto con otros 42 normalistas durante un ataque que involucró al alcalde, la policía municipal de Iguala en Guerrero y un cartel local.
Es marzo de 2018 y a pesar de la indignación y la movilización que acompañaron al caso durante los siguientes meses, su hijo todavía no aparece.
“Para mí ha sido una pinche película de terror, que los protagonistas somos nosotros, que no puedes abrir la puerta porque puede pasar algo y lo peor de todo es que no puedes abrir la puerta porque se puede meter el Estado, no puedes abrir la puerta porque puede venir el Estado a matarte, físicamente”, dice el mismo hombre.
Los síntomas y la historia de este padre es una muestra de las consecuencias psicosociales que los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa padecen 4 años después del ataque.
Él junto con los demás padres y familiares, son las otras víctimas del caso, quienes padecen las consecuencias físicas, emocionales y psicológicas de la omisión del Estado.
Habla del largo camino por encontrar la verdad, el mismo que ha estado lleno de revictimización.
Su caso, identificado como EFD14, forma parte de la recopilación de 64 testimonios que realizó el Centro de Análisis e Investigación Fundar.
El estudio “Yo sólo quería que amaneciera: impactos psicosociales del caso Ayotzinapa”, retrata las consecuencias sobre las familias de la violencia de las noches 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
«El cabrón gobierno no sabe qué tristeza sentimos nosotros, estamos sintiendo más porque nos arde, pinche gobierno más dice y habla», familiar de los 43 normalistas desaparecidos
Una de las principales repercusiones, concluye el estudio, es que el gobierno mexicano ha causado más daños a los familiares con la difusión constante de la “verdad histórica”, aquella que dice que los estudiantes fueron secuestrados por miembros del crimen organizado e incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero.
“El Estado no solamente no protegió a sus hijos, sino que participó en la desaparición, lo cual genera el sentimiento de estar a merced de un poder arbitrario y absoluto, de una amenaza permanente e indeterminada, es decir, de terror”, se lee en el informe.
Las otras formas de violencia derivadas de la respuesta de las instituciones generan nuevos episodios traumáticos para los familiares de los normalistas.
La mayoría de ellos se enteró de las versiones oficiales del caso por redes sociales o por los medios de comunicación, eso les generó desconcierto e impotencia, les quitó el sueño, los llenó de rabia y tristeza.
Todos reconocen los resultados de los peritajes como una falta de respeto a su dignidad y a su dolor, una nueva injusticia, se afirma en el documento.
«El cabrón gobierno no sabe qué tristeza sentimos nosotros, estamos sintiendo más porque nos arde, pinche gobierno más dice y habla. Como no son sus hijos inventa puras mentiras», relata EFD21, otro de los familiares.
Ximena Antillón, coordinadora del informe, explica que surge un nuevo trauma en las familias cuando algún funcionario del Estado revive la «verdad histórica», como lo hicieron con la captura de Erick Uriel, alias «La Rana», presuntamente ligado a la desaparición de los estudiantes.
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También recalca que las experiencias de desaparición forzada son difíciles de superar cuando no hay un proceso de duelo si no hay certeza de lo que pasó.
«Hay un antes y un después de Iguala. Los familiares han sufrido mayores consecuencias traumáticas por el Estado que por los mismos hechos», refuerza Mario Patrón del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Patrón también acusa que al gobierno no le interesó garantizar la verdad sino salir del embrollo político, luego fueron contra los padres que «no aceptaban la verdad».
«Ahora, con la detención de «La Rana» vuelven a tratar de cerrar en medio de un proceso electoral con la verdad histórica, en lugar de asumir su responsabilidad».
Hilda Hernández, madre de César González desaparecido en 2014, resume todo con una frase: «no deseo a nadie que esté en nuestro lugar, en nuestros zapatos, porque nosotros ya no tenemos una vida, porque nosotros nos estamos muriendo poco a poco sin saber de nuestros hijos».
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