Tenemos ahora tres procesos en marcha, en México, España y Estados Unidos, que generan más confusión que cualquier otra cosa. Aunque los tres tienen un largo tiempo de incubación, en la última semana se han producido eventos muy llamativos.
En México, el derrumbe de las instituciones de procuración de justicia parece haber llegado al final. La idea de convertir al procurador en funciones en fiscal general se vino abajo, y éste decidió renunciar, anunciando que había un par de procesos muy relevantes listos para ser llevados al Poder Judicial. Uno de ellos, se entiende, es la investigación de la posible corrupción promovida por la constructora Odebrecht, que derramó por todo el continente recursos para obtener contratos. Sin embargo, el fiscal encargado de delitos electorales comentó a medios acerca de una carta en la que una persona bajo investigación le amenazaba. Los medios supusieron que se trataba de Emilio Lozoya, precisamente investigado por el tema Odebrecht, y así se publicó, provocando que el encargado de despacho en la PGR destituyera al fiscal Santiago Nieto. Éste recurrió al Senado, que nunca se reunió para escuchar su reclamo, y el viernes Nieto decidió retirar su recurso.
No queda claro si el proceso contra Lozoya queda invalidado, si vamos a seguir sin procurador general, ni de FEPADE, ni tenemos idea de cómo continuará el proceso de creación de la Fiscalía General y, en consecuencia, la institucionalización del Sistema Nacional Anticorrupción. Si de por sí en México las leyes apenas han funcionado como simples sugerencias, ahora todo indica que ni siquiera eso. Esto ocurre en un proceso electoral que estará definido, como hemos comentado ya, por dos temas: corrupción e inseguridad. Es difícil imaginar una situación más complicada.
En España, el intento rupturista de un grupo político ha culminado con la aplicación del artículo 155 de la Constitución de ese país, que permite al gobierno central remover los poderes de una región autónoma. Aunque sigue sin estar claro si los golpistas realmente promulgaron la independencia de Cataluña o no, la respuesta del gobierno central creo que no tiene duda. Se llamó a elecciones el 21 de diciembre, y me imagino que sujetarán a proceso a los líderes de la sedición. Ayer hubo una gran manifestación en Barcelona, que espero que ayude a reducir la fractura social causada por dichos personajes.
Finalmente, en EU, el investigador especial Robert Mueller solicitó el viernes pasado las primeras órdenes de aprehensión dentro de la investigación que realiza por la intervención de Rusia en las elecciones presidenciales del año pasado. La respuesta de Trump y sus aliados ha sido terrible, y ya solicitaron en su televisión (Fox News) no sólo que renuncie Mueller, sino que encarcelen a Hillary Clinton. Tanto la información que se ha acumulado, como la respuesta de Trump y secuaces hace pensar que Mueller realmente va a golpear muy duro. Por lo mismo, hay la sospecha de que hoy lunes podrían removerlo de la investigación. El desprecio de Trump por la ley, y su personalidad, hacen temer que tome ese camino, que tendría un costo político, pero no necesariamente legal. Los tres casos son ejemplos de cómo el basamento legal es indispensable para el funcionamiento de la democracia. En regímenes autoritarios, la ley es nada más la cristalización de la voluntad del autócrata; en la democracia, es lo que impide que esa voluntad tenga éxito. En España, la ley ha servido para detener la sedición; en Estados Unidos, está a punto de echar atrás la traición, si no es que Trump decide confirmarla; en México, se hace de lado la ley, y con ello se pone en riesgo la democracia. Tres casos.
Profesor de la Escuela de Gobierno, Tec de Monterrey.