En México, el crimen organizado no sabe de fiestas nacionales ni días de asueto.
El 5 de mayo de este año, en plena conmemoración de la Batalla de Puebla, la violencia volvió a alargar el brazo: en el libramiento de cuota que comunica Chilpancingo, Guerrero, con Tixtla, autoridades municipales hallaron una camioneta pickup extrañamente abandonada en la orilla del camino.
Cuando los policías forzaron sus puertas para abrirla, una mezcla de calor encerrado y olor fétido se metió hasta las fosas de los agentes: adentro, apilados como bultos, estaban nueve cuerpos con visibles signos de tortura.
La historia sería conocida en los medios de comunicación locales, y con poca difusión en los nacionales, como el caso de «los refresqueros»: nueve hombres que trabajaban en una empresa dedicada a la distribución de gaseosas y que habían sido secuestrados por un comando armado y reportados como desaparecidos, al día siguiente, ante la Fiscalía de Guerrero.
El multihomicidio de los refresqueros se convirtió en la más reciente masacre en Guerrero, el segundo estado con el mayor número de homicidios dolosos hasta abril de este año, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
A la matanza, vendrían decenas de homicidios más: desde el alcalde con licencia de Coyuca de Catalán hasta un capacitador del Instituto Nacional Electoral.
Con ello, Guerrero se consolidaría como el ejemplo de una estrategia de seguridad fallida y de una promesa de gobierno que está lejos de cumplirse.
A seis meses de que concluya el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, México es un país más violento que al inicio de su administración, según se observa en los índices de homicidios y secuestros del propio gobierno federal y de métricas internacionales.
Uno de los primeros compromisos que asumió Peña Nieto como candidato presidencial al inicio de su campaña fue en Guadalajara, Jalisco, el 30 de marzo del 2012, cuando en la Plaza de la Liberación prometió “recuperar la paz y la libertad a todos los mexicanos, a través de replantear la estrategia nacional de seguridad”.
Sin embargo, los números no cuadran: durante el sexenio de Felipe Calderón, 2011 fue el año más sangriento, al contabilizarse 22 mil 409 homicidios dolosos, mientras que el sexenio de Peña Nieto superó esa cifra en 2017, con un total de 25 mil 339 homicidios dolosos, convirtiendo al año pasado en el más letal en la historia moderna de México.
El analista de seguridad Alejandro Hope, uno de los más reconocidos en México, prospectó el 22 de mayo pasado que, si la ola de violencia sigue como hasta ahora, 2018 cerrará con unos 32 mil homicidios.
Es decir, el violento 2017 se quedaría corto con un sangriento 2018.
A nivel internacional, México tampoco queda bien parado a fin de sexenio: en 2012, México ocupaba el puesto número 134 en el Ranking de Paz Global, un indicador que mide el nivel de paz y la ausencia de violencia en un país y que es elaborado desde 2007 por el Institute for Economics and Peace, un think tank a nivel mundial con sede en Australia que intenta dar una medida tangible a la paz para el bienestar humano.
Para 2017, México empeoró su lugar en el ranking al caer al puesto número 142 de un total de 163, ubicándose casi en empate con Venezuela y peor que naciones como Egipto, Filipinas o Etiopía.
Mientras que en el informe Índice de Paz México 2018, elaborado por el mismo instituto, México registró una tasa de 24 muertes por cada 100 mil habitantes en 2017, alcanzando “niveles máximos históricos”.
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