Los derechos y libertades básicas de los mexicanos son vulnerados por la ley de seguridad interior, considera la CNDH.
La Comisión anunció este viernes 19 de enero que presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación por «afectar el diseño, equilibrio y facultades establecidas constitucionalmente entre la Federación y los estados, las instituciones y los órganos del Estado y Poderes», informó en un comunicado.
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La impugnación de la CNDH se suma a las del municipio de Cholula, diputados y senadores disidentes, el INAI y voces de la sociedad civil que consideran que la legislación promulgada por Enrique Peña Nieto vulnera las garantías constitucionales de la ciudadanía desde distintos flancos.
Las facultades atribuidas a las fuerzas armadas en la ley de seguridad interior transgreden criterios establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además de que relativizan las definiciones de seguridad nacional, interior y pública, de acuerdo con la CNDH.
La ley «posibililita que, de manera discrecional y sin las debidas garantías de transparencia y rendición de cuentas, el Ejecutivo federal pueda ordenar la intervención de las fuerzas armadas e incidir en el ámbito de las libertades y derechos de las personas, por causas y materia que trascienden, por mucho, el ámbito vinculado a la inseguridad, encontrándose entre los motivos y cuestiones tan imprecisas como preservar el desarrollo nacional o el estado de derecho!», lamenta la Comisión.
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