El fiscal de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, es responsable del desempeño deficiente de cinco funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) que investigaban el caso de una activista desaparecida en el 2016 y cuyo paradero aún se desconoce, indicó la CNDH.
La mujer desaparecida, identificada en la recomendación de la CNDH como «V1», era una activista enfocada en acompañar a víctimas de desaparición de Veracruz; la mujer fue agredida en 2016 por un grupo de sujetos armados, quienes la sustrajeron y desde entonces se desconoce su paradero.
«A la fecha no hay avances para presumir la causa de su desaparición e identificar a los probables responsables, por lo que el caso permanece impune», especifica la Comisión.
Mediante la emisión de la recomendación 4/2018, el organismo defensor de derechos humanos consideró que los funcionaros a cargo de Winckler, quien fue abogado personal del actual mandatario de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, fueron omisos e ineficaces en la protección de la víctima y sus familiares.
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«(Los empleados de la FGE) violentaron el derecho de acceso a la justicia, en su modalidad de procuración de justicia, de la víctima y sus familiares, y no investigaron oportunamente la desaparición (de la activista, reportada por la prensa local el 25 de marzo de 2016).
«Ya que omitieron tomar en cuenta el contexto de la labor de activismo y acompañamiento de la víctima a familiares de personas desaparecidas, con lo cual dejaron de observar las obligaciones previstas en la normatividad que rige su actuación», indicó la Comisión en un comunicado.
La CNDH llamó a Winckler a motivar la revisión exhaustiva del caso y a disponer que la Visitaduría General de la FGE actúe contra los servidores públicos responsables, cuyo desempeño deficiente ha impedido avances y la impartición de justicia.
«Las personas activistas que representan casos y dan acompañamiento a familiares de víctimas de desaparición y, en general, de víctimas de violaciones de derechos humanos, realizan tareas que las ubican en una situación de especial vulnerabilidad.
«Por lo que el Estado tiene un deber reforzado en su protección y, sobre todo, en investigar los casos de agresiones cometidas en su contra», subraya la CNDH.
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