Un fuerte olor a gasolina alertó a los vecinos que en un domicilio de la calle Xilancas de la delegación Azcapotzalco se distribuía gasolina clandestina.
Al llegar al domicilio, policías auxiliaron a un hombre de aproximadamente 33 años que yacía en el suelo a causa de una fuerte intoxicación causado por el aroma que despedía el combustible.
Aunque estaba casi inconsciente, el sujeto logró decirle a los uniformados que otros compañeros suyos estaban en un túnel que conectaba con un ducto propiedad de Pemex.
Las autoridades lograron rescatar a los cuatro sujetos del túnel, quienes se encontraban operando una toma clandestina de combustible, antes de que perdieran el conocimiento.
Todos los implicados fueron llevados al hospital y posteriormente al Ministerio Público para deslindar responsabilidades por el ilícito.
El incidente de Azcapotzalco ocurrió a inicios de junio.
Dos meses antes, tres sujetos fueron detenidos en la delegación Álvaro Obregón por transportar 21 garrafones llenos de gasolina en una camioneta Suburban.
Según las declaraciones de los detenidos, el combustible era trasladado del Estado de Hidalgo a la capital para comerciar con ellos.
Estos casos reflejan cómo la Ciudad de México, podría convertirse en la siguiente «estación» para los huachicoleros o ladrones de combustible, como son conocidos popularmente en México.
Y es que durante los primeros cuatro meses de 2018, el número de tomas clandestinas detectadas por Pemex en la capital ha incrementado 640 por ciento en contraste con los primeros meses del año pasado.
De enero a abril de 2018, la paraestatal ha ubicado 91 tomas ilegales de combustible en la Ciudad de México, siendo marzo el mes que rompió récord histórico con 40 tomas clandestinas.
Mientras que en todo 2017 se detectaron 91 tomas clandestinas, solo diez de ellas, ubicadas de enero a abril.
Pese a que el número de tomas clandestinas en la capital es menor que en Puebla (801), Hidalgo (606) y Guanajuato (563), las entidades con más casos el número con el que empieza el año ha ido en aumento.
La Capital, un punto clave en el triángulo rojo
La Ciudad de México es el destino de cinco oleoductos en los que Petróleos Mexicano transporta la gasolina, diesel y turbosina que se distribuyen a las refinerías de todo el país y que nacen en el “Triángulo Rojo”, la zona de mayor ordeña de hidrocarburos.
De esta forma, la capital es una de las zonas de almacenamiento de hidrocarburos más importante del país, sin embargo nunca como ahora se habían detectado tantas tomas clandestinas en la región.
Los cinco centros de almacenamiento están al norte de la ciudad, uno de ellos en la zona conurbada: San Juan Ixuatepec, Azcapotzalco, Sonora, Anil y Barranca del Muerto.
Para el especialista en políticas públicas, Rodrigo Elizarrarás, la capital y la zona conurbada son puntos relevantes para la venta de hidrocarburo robado, por lo que el surgimiento de grupos delictivos dedicados a vender el combustible robado está incrementando.
“De Puebla es sencillo que lleguen a la Ciudad de México. Mucho de eso (de lo que se roba en otros estados) se vende en el DF y en municipios del Estado de México, como Chalco y Nezahualcoyotl”.
Según la consultora Etellekia, el 95 por ciento de las tomas clandestinas de combustible a nivel nacional, son responsabilidad de cárteles como Los Zetas, el de Jalisco Nueva Generación, del Golfo, los Beltrán Leyva, Sinaloa, la Familia Michoacana, los Caballeros Templerios, y el Cártel de Juárez.
Adicionalmente, la empresa especializada en análisis de riesgos señala que el 5 por ciento restante de tomas clandestinas son operadas por grupos pequeños de gente que vive en comunidades cercanas a los ductos atacados, según su más reciente reporte, Situación actual y perspectivas sobre el robo de hidrocarburos en México 2016.
En esto también coincide Elizarrarás, quien asegura que esta práctica ha sido promovida por Los Zetas en el estado de Tamaulipas, que después se expandieron a Veracruz y Guanajuato.
Según investigaciones de la Agencia AntIdrogas de Estados Unidos (DEA), dadas a conocer en 2015, en la metrópoli existe influencia de cinco cárteles del narcotráfico: Los Zetas, el del Golfo, de Sinaloa, los Beltrán Leyva y Jalisco Nueva Generación.
Sin embargo, el análisis de Ettelekia coincide que, para que esto ocurra, personal de Pemex trabaja en complicidad con los saqueadores de combustible, promocionandoles información clave como la hora del día en que pasa el hidrocarburo por el ducto.
Ante esto, el 5 de marzo pasado, la Secretaría de la Función Pública separó de sus cargos a ocho servidores públicos de Pemex por presuntamente tener participación en robo de hidrocarburos en el Sector de Ductos de Minatitlán.
El analista Rodrigo Elizarrarás, asegura que una constante en los lugares en donde se presenta el ilícito de robo de combustible, le acompaña el aumento de otros vinculados a la delincuencia organizada.
“Una vez que un grupo de crimen organizado se asienta en una zona, empieza a generar una dinámica delictiva diferente y los bandos pequeños, como de robo a transeúntes, comienzan a convivir bajo el cobijo del otro grupo y varios de los delitos se incrementan. La impunidad va impulsando un incremento de delitos”, explica en entrevista.
Por ejemplo “los datos de Puebla en robo casi todas las modalidades han subido. Hay incremento en robo de vehículos, hubo problemas graves de feminicidios, sí se puede ver que están conectados con otros delitos”.
Video: Televisa vía YouTube
En el caso de la Ciudad de México, durante los primeros meses del año los delitos que han ido a la alza son robo a casa habitación (140 incidencias) y robo de vehículos con violencia (3 mil 221 denuncias); siendo las delegaciones más peligrosas son Cuauhtémoc e Iztapalapa, de acuerdo con cifras de la Procuraduría capitalina.
Para evitar este ilícito en los hidrocarburos, el 17 de abril, se aprobó una reforma fiscal y penal en el Senado de la República para combatir el robo de combustibles.
Con esto, no solo Pemex tendrá el control del Producto, sino que el Sistema de Administración Tributaria y la Comisión Reguladora de Energía podrán intervenir en el control, la procedencia y las ventas al público.
Además, se decretó una sanción de hasta 30 años de prisión a quien realice el ilícito de robo o venta de combustible clandestino.
Al ser Pemex los dueños de los ductos, al enterarse que hay tomas clandestinas de combustible, hacen su denuncia ante la PGR o las procuraduría del estado, sin embargo por problemas técnicos en falta conocimientos sobre los hidrocarburos, las fiscalías no toman los peritajes adecuados, señala Elizarrarás.
“No investigan, no ven si hay crimen organizado, no siguen las pistas, no investigan más allá del hecho en sí”, son las quejas constantes de la paraestatal con las autoridades para investigar y sancionar el crimen, apunta el consultor.
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