Cholula fundamentó en al menos tres puntos su controversia constitucional contra la ley de seguridad interior.
La Carta Magna otorga a los municipios facultades para decidir sobre su seguridad pública, el Presidente no puede dictar que las fuerzas armadas intervengan municipios sin mediación del ayuntamiento y el ejército no puede desempeñar funciones de seguridad pública, defiende el gobierno municipal en la que se convirtió en la primera controversia presentada ante la SCJN.
Ignacio Molina, secretario general de la alcaldía, entregó el documento a la Suprema Corte, que aceptó la controversia para analizar los argumentos de violación a la ley de autonomía municipal.
El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo recibió la controversia y el presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales, ordenó registrar el expediente de la controversia constitucional 4/2018.
A casi una semana de que termine el plazo constitucional, órganos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos afinan detalles para interponer sus propias acciones de inconstitucionalidad contra la polémica ley de seguirdad, que fue criticada por organizaciones civiles e incluso organismos internacionales como la ONU, por vulnerar los derechos humanos en el país.
El 20 de enero termina el plazo para presentar impugnaciones.