La CFE, el ISSSTE y el IMSS son las tres dependencias donde es más probable que se cometan actos de corrupción o desvíos de recursos públicos, reveló el Índice de Riesgos de Corrupción realizado por el IMCO.
Estas instituciones cuentan con casi un billón de pesos para compras públicas, es decir, el 56 por ciento del gasto de la administración pública en procedimientos de contratación.
El Instituto Mexicano de la Competitividad analizó 700 mil procedimientos de contrataciones públicas federales realizados entre 2012 y 2017 y encontró 500 unidades de compra en las que es más riesgoso que se cometan actos de corrupción.
Esta proclividad a la corrupción deriva de los procedimientos ligeros y la poca vigilancia con que se contratan servicios.
Una unidad de compra es la subdependencia de las instituciones de gobierno desde la que se firman los contratos con proveedores.
Contratos de a montón
91 unidades de compra proclives a la corrupción están relacionadas con la Comisión Federal de Electricidad.
Además, 46 unidades de compra están ligadas al ISSSTE y 42 al Seguro Social.
Estas tres dependencias han ejercido el 44 por ciento del monto total destinado a las compras públicas durante el sexenio de Peña Nieto.
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En cuanto a la CFE, dirigida por Enrique Ochoa de 2014 a 2016, no es la primera vez que se ve implicada en procesos opacos de adjudicación de contratos.
La OCDE hizo recomendaciones en enero pasado para endurecer la vigilancia y asginación de recursos en la Comisión, para evitar incurrir en favoritismos que beneficien a las empresas contratadas.
Los proveedores consentidos
El IMCO identificó que en los últimos seis años el 71 por ciento de los recursos destinados a compras públicas fue asignado por adjudicación directa a solamente mil empresas proveedoras.
La adjudicación directa es una excepción legal en el proceso de compra, donde la institución designa a una empresa sin ningún tipo de concurso o competencia entre posibles proveedores. En la adjudicación directa los criterios no son claros y pueden prestarse a preferencias.
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En contraste, únicamente el 22 por ciento del gasto público se ha ejercido en licitaciones públicas, donde las empresas proponen sus proyectos con distintos beneficios y particularidades y son elegidas por ofrecer las mejores ofertas.
Otro presidente, otros ganones
Las empresas beneficiadas desde la adjudicación de recursos públicos no son las mismas en la administración de Felipe Calderón que en la de Peña Nieto.
En el arranque del gobierno del priísta, 100 empresas concentraban el 43 por ciento del total de recursos adjudicados. Los contratos fueron designados durante el gobierno de Felipe Calderón.
Para 2016, esas mismas 100 firmas sólo concentraban el 20 por ciento del monto.
En comparación, las 100 empresas más beneficiadas en el 2016 durante el gobierno de Calderón apenas concentraban el 16 por ciento del gasto público federal destinado a compras.
